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abril 19, 2018
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El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, manifestó ayer la necesidad de reformar la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, así como el fortalecimiento de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas debido a las contradicciones mostradas por ambas instituciones sobre el escándalo de corrupción de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).
Castaños afirmó que existe una grave debilidad en los órganos de control que pone en riesgo las promesas del Estado de investigar, perseguir y castigar los actos de corrupción.
“Se vuelve a manifestar la desvinculación entre la fiscalización y las respuestas institucionales que se ofrecen para enfrentar las prácticas corruptas dentro del Estado”, sostuvo el jurista.
El vicepresidente de la Finjus señaló que ha expresado en múltiples escenarios que los órganos de control deben ser fortalecidos, específicamente en los sistemas de consecuencias, en la definición más estricta de los conceptos propios de la norma; el alcance de las funciones del órgano rector; la rigidez y seguridad de actuación del Estado ante eventuales actos de corrupción en esa materia, entre otras puntualizaciones.
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