SAMANÁ, RD. – La Junta de Vecinos del Barrio Militar, con el respaldo del Bloque de Juntas de Vecinos de la provincia de Samaná, convocó este lunes a una rueda de prensa para solicitar formalmente la intervención del presidente Luis Abinader en el proceso de regularización y titulación de sus viviendas.
Los comunitarios, encabezados por los principales directivos del bloque y su secretario, expresaron que la seguridad jurídica sobre sus hogares es una necesidad urgente para cientos de familias que han residido en la zona de manera pacífica por décadas.
Desvinculación de invasiones recientes
Durante el encuentro con los medios locales, los representantes comunitarios hicieron una aclaración enfática respecto a los conflictos de tierras registrados en áreas colindantes:
Sin relación con invasores: La comunidad aclaró que no tiene ningún vínculo con las ocupaciones irregulares de terrenos pertenecientes a la familia Bezi.
Personas foráneas: Denunciaron que las invasiones recientes han sido ejecutadas por personas ajenas al Barrio Militar, quienes han intentado aprovechar la situación del sector para fines particulares.
Respeto a la propiedad: Subrayaron que su lucha es por la vía legal y el reconocimiento de sus derechos adquiridos, distanciándose de cualquier acción que altere el orden público o viole la propiedad privada de terceros.
Un llamado a la Unidad de Titulación
El liderazgo comunitario instó al Poder Ejecutivo a enviar a la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) para iniciar el levantamiento correspondiente. Señalan que la intervención directa del Estado es la única garantía para evitar que el conflicto de los terrenos vecinos afecte la reputación y la estabilidad de quienes sí residen formalmente en el Barrio Militar.
"Somos familias de trabajo que solo buscamos la tranquilidad de tener un título que respalde nuestro techo. No permitiremos que se nos confunda con personas que actúan al margen de la ley", afirmaron los voceros durante la lectura del comunicado.
La comunidad espera que este llamado llegue a las autoridades nacionales para iniciar una mesa de diálogo que ponga fin a la incertidumbre jurídica que los afecta.
4 de mayo 2026
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