La Dirección General de Migración (DGM) informó que este lunes 6 de julio fueron deportados 939 extranjeros en condición migratoria irregular hacia Haití. El proceso de retorno se efectuó a través de distintos puntos fronterizos, siendo el puesto de Elías Piña el de mayor flujo con 404 personas, seguido por Dajabón con 348, Jimaní con 138 y Pedernales con 49 extranjeros retornados.

Para lograr estas cifras, las autoridades migratorias realizaron operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los cuales resultaron en la detención de 1,015 extranjeros. De este total, 717 fueron aprehendidos directamente por agentes de la DGM, 213 por miembros del Ejército, 81 por agentes de la Policía Nacional y 4 por militares del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

Los operativos fueron ejecutados a nivel nacional para identificar personas sin documentos que evidenciaran su estatus migratorio regular. En Santo Domingo, las intervenciones abarcaron sectores como Herrera, Los Minas, Ensanche Naco, El Millón, El Milloncito, San Gerónimo y Villa Mella, donde fueron detenidas 118 personas. Otras provincias con cifras relevantes fueron La Vega con 84 detenidos, Dajabón con 76, Elías Piña con 52, La Altagracia con 50 y Barahona con 41.

La presencia de las autoridades también se extendió a otras localidades como Espaillat, Independencia, Santiago, Pedernales, Montecristi, La Romana, Puerto Plata, San Juan, Santiago Rodríguez, Valverde, Peravia, Bahoruco y Azua. Las acciones incluyeron patrullajes en centros urbanos, paradas de autobuses turísticos y diversas zonas rurales, abarcando sectores específicos en provincias como La Altagracia, La Romana, Bahoruco, Montecristi y el área del Suroeste y Norte del país.

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, desmintió categóricamente que existan exoneraciones especiales para embarcaciones militares extranjeras. El alto funcionario confirmó que los buques de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cumplen rigurosamente con el pago de los peajes establecidos por la utilización de la vía interoceánica.

Esta precisión responde a versiones infundadas sobre supuestos privilegios en el tránsito marítimo. La aclaración busca cerrar cualquier especulación sobre el manejo financiero y operativo de esta infraestructura estratégica, reafirmando la equidad en el cobro de tarifas para todas las naciones que emplean la ruta.

Icaza enfatizó que, bajo los preceptos de los Tratados Torrijos-Carter y el Tratado de Neutralidad Permanente del Canal, todas las naves están sujetas al régimen tarifario vigente. De este modo, los navíos de guerra deben cumplir estrictamente con los reglamentos operativos estandarizados de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

7 de julio 2026

 Reforma al Código de Trabajo

Santo Domingo.- Las confederaciones Autónoma Sindical Clasista (CASC), Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) y Nacional de Unidad Sindical (CNUS) solicitaron este martes al presidente de la República, Luis Abinader, retirar del Congreso Nacional el proyecto de reforma al Código de Trabajo, en caso de que no existan las condiciones políticas para aprobar la iniciativa tal como fue consensuada durante más de una década en el diálogo tripartito.

Las organizaciones sindicales sostienen que el proyecto sometido por el Poder Ejecutivo en octubre de 2024 recoge los acuerdos alcanzados entre representantes de los trabajadores, los empleadores y el Gobierno, los cuales posteriormente fueron ratificados por unanimidad en el informe de la comisión legislativa que estudió la pieza.

En un documento conjunto entregado en rueda de prensa, las tres centrales califican como un retroceso la decisión de devolver nuevamente el proyecto a comisión, al considerar que esa medida desconoce el trabajo realizado por los legisladores y abre la puerta a modificar aspectos que ya habían sido objeto de consenso.

A juicio de la CASC, la CNTD y la CNUS, la intención de reabrir las discusiones bajo el argumento de un nuevo proceso de diálogo constituye una táctica dilatoria que genera incertidumbre y pone en entredicho el respeto a los derechos laborales conquistados mediante la concertación social.

Las organizaciones reiteraron que no participarán en una nueva discusión sobre la cesantía laboral ni sobre el artículo 86 del Código de Trabajo, relativo al pago de la indemnización dentro del plazo establecido y la aplicación del astreinte en caso de incumplimiento por parte del empleador.

En tal sentido expresaron su rechazo a cualquier intento de ampliar hasta seis meses los contratos de aprendizaje, al advertir que esa modalidad podría incentivar la sustitución de empleos formales por contrataciones temporales sin prestaciones laborales ni cobertura de la seguridad social, afectando principalmente a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo.

En nombre de las centrales hablaron Gabriel del Rio Doñe, de la CASC, Rafael -Pepe- Abreu, de la CNUS y Santo Sánchez, de la CNTD, quienes reafirmaron su compromiso con el diálogo social y la concertación tripartita, principios que, aseguran, han guiado históricamente la actuación del movimiento sindical dominicano en la defensa de los derechos de los trabajadores.

En ese sentido, exhortaron al presidente Luis Abinader a ejercer su liderazgo político para retirar la iniciativa del Congreso Nacional antes que permitir la apertura de un nuevo proceso de negociación o que el proyecto permanezca indefinidamente estancado en el Poder Legislativo.

"Preferimos el retiro de la reforma antes que la aprobación de modificaciones que vulneren los derechos de los trabajadores y comprometan el futuro laboral de las nuevas generaciones", expresan las organizaciones en el documento.

Las centrales sindicales recordaron que recientemente la República Dominicana fue reconocida por la Confederación Sindical Internacional (CSI) como el tercer país de la región de las Américas con mejores niveles de respeto a los derechos laborales, logro que atribuyen, en gran medida, al fortalecimiento del diálogo social y al funcionamiento del modelo tripartito promovido por las organizaciones sindicales y el Estado.

Asimismo, advirtieron que cualquier modificación unilateral a los acuerdos previamente concertados vulneraría los principios del Convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la obligación de respetar la participación de las organizaciones representativas de trabajadores y empleadores en los procesos de consulta tripartita.

Fecha: 7 de julio de 2026

La Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas) otorgó un plazo de 30 días a la banca dominicana para llegar a un acuerdo que responda a las demandas del gremio y evitar así el retiro masivo de terminales de pago electrónico. La decisión se tomó tras un encuentro a puertas cerradas con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, y el director ejecutivo de ProConsumidor, Eddy Alcántara.

La asociación propuso establecer tarifas fijas por cada galón vendido o un esquema basado en las utilidades, en lugar de las actuales comisiones porcentuales que, según denuncian, afectan negativamente sus márgenes de beneficio en un 27%. Juan Elías Pérez, presidente de Anadegas, enfatizó que el objetivo es encontrar un modelo que no continúe erosionando los ingresos del sector.

De acuerdo con las estimaciones presentadas por el gremio, la banca dominicana recauda RD$584 millones mensuales por concepto de comisiones de tarjetas de crédito. Al año, este monto oscila entre 5,000 y 6,000 millones de pesos, lo que representa una cifra significativa en relación con la economía nacional.

El Gobierno actuará como intermediario en este proceso de diálogo entre la banca nacional y Anadegas. El ministro Sanz Lovatón servirá como enlace para mediar sobre estas comisiones, las cuales el gremio califica como desproporcionadas. Mientras se desarrollan estas negociaciones, la normalidad en el servicio de pago con tarjetas se mantiene garantizada en todas las estaciones de combustibles del país.

7 de julio de 2026

Con el objetivo de fortalecer la cooperación judicial con la República Dominicana, la embajadora de Turquía en el país, Emriye Bagdagül Ormanci, visitó a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. El encuentro se desarrolló en el despacho de la funcionaria, donde se abordaron temas clave para el intercambio de asistencia legal entre ambas naciones.

Durante la reunión, la diplomática turca expuso formalmente el interés de su gobierno en profundizar los lazos de cooperación internacional con el Ministerio Público dominicano. Esta iniciativa busca establecer mecanismos más eficaces de colaboración institucional para enfrentar desafíos comunes en materia de justicia penal.

En el encuentro participó el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, titular de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional. Su presencia fue fundamental para coordinar los aspectos técnicos y los procedimientos necesarios que permitirán materializar esta alianza de asistencia jurídica mutua entre ambos Estados, consolidando una relación diplomática que se ha mantenido dinámica desde el inicio de la misión de la embajadora Ormanci en el país hace dos años.

7 de julio 2026

cc

El decomiso del vegetal se produjo durante labores de inspección en una de las áreas de llegada de la terminal.

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), coordinados por el Ministerio Público, incautaron 28 libras de marihuana durante labores de inteligencia e inspección conjunta desarrolladas en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA).

Los agentes antinarcóticos, con apoyo de militares y unidades caninas, realizaban labores de verificación en una de las áreas de llegada del aeropuerto cuando localizaron una maleta de color negro que, según el ticket, fue dejada abandonada por un pasajero que habría llegado procedente de Nueva York, Estados Unidos.

Por instrucciones del fiscal, se inició el protocolo de apertura del equipaje, ocupando en su interior dos pacas del vegetal camufladas entre prendas de vestir, con un peso de 28.98 libras, según determinó en su análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para ubicar, arrestar y poner a disposición de la justicia al pasajero, quien, de manera preliminar, ha sido identificado por las autoridades.

Las autoridades han continuado ampliando su capacidad operativa y de interdicción frente al delito del tráfico de drogas en aeropuertos, puertos, fronteras, costas y todo el territorio nacional.

Martes 07 de julio, 2026.

Hoy estuvimos honrando la memoria histórica, la vida y el legado del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte y Díez.

En el marco del Crucero Internacional «Hermandad de los Mares Verano 2026», se depositó una ofrenda floral en su honor.

El acto estuvo encabezado por el Vicealmirante Juan B. Crisóstomo Martínez, su esposa María M. Rodríguez de Crisóstomo, y el Cónsul General en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez «Chu».

El Vicealmirante destacó el significado especial de este homenaje durante la International Naval Review 250, celebrando el 250º Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos.

Resaltó que, al igual que Duarte soñó con una República respetada, los guardiamarinas navegan hoy representando con honor esos mismos valores.

Este tributo eleva nuestro compromiso y el orgullo de portar la bandera dominicana en los mares del mundo, con la presencia de autoridades, oficiales, la tripulación del Buque Escuela Almirante Cambiaso, guardiamarinas, miembros del Instituto Duartiano en Nueva York y dominicanos residentes.

7 de julio de 2026.

 

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros. En el encuentro, se aprobó la Política Presupuestaria Anual para el 2027, cumpliendo con la Ley Orgánica de Presupuesto.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los detalles de esta planificación. El gasto público estará alineado con los objetivos estratégicos de la Meta RD 2036.

Los pilares de esta política incluyen el fortalecimiento del capital humano y físico, el aumento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad. El Gobierno busca que cada peso invertido genere un impacto real en el bienestar de la población.

En el sector educativo, se ha confirmado una asignación del 4.05 % del producto interno bruto. Se continuará ejecutando el Plan Horizonte 2034, enfocado en elevar la calidad del aprendizaje y ampliar la infraestructura escolar.

Respecto a la salud y protección social, el presupuesto asegura la culminación de hospitales estratégicos y la mejora de las Unidades de Atención Primaria. Asimismo, se reforzará la Red Nacional de Emergencias y los programas sociales para proteger a la población.

La inversión en infraestructura seguirá siendo una prioridad durante el 2027. Se destinarán fondos a la construcción de autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos y sistemas de saneamiento urbano.

En materia de seguridad jurídica y ciudadana, el Poder Judicial recibirá mayores recursos. También se dará continuidad a proyectos como la verja perimetral inteligente y la construcción de nuevos centros correccionales.

El ministro Paliza enfatizó que esta planificación responde a una visión de largo plazo. El objetivo es preparar al país para alcanzar las metas de desarrollo propuestas hacia el año 2036.

La Dirección General de la Policía Nacional informó este lunes la suspensión preventiva de cinco agentes del orden que acompañaban al cabo José Francisco Moreta Heredia al momento de la intervención en la que resultó muerto el joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, en el sector La Cañada de Guajimía, Santo Domingo Oeste.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, confirmó que la medida responde a una investigación administrativa paralela al proceso penal que encabeza el Ministerio Público. La suspensión busca determinar responsabilidades disciplinarias ante la actuación del personal, la cual ha sido cuestionada por su aparente falta de humanización y apego a los protocolos institucionales de protección de la vida y asistencia ante riesgos.

El caso ha generado una fuerte reacción pública, con vecinos del sector denunciando que la actuación policial fue desmedida. Mientras tanto, el cabo imputado, quien ya acumulaba dos suspensiones previas en su expediente, permanece bajo arresto y, según sus representantes legales, ha manifestado arrepentimiento por el suceso.

La institución del orden reiteró su política de "cero tolerancia" ante actuaciones contrarias a los derechos humanos, asegurando que cualquier conducta irregular será sancionada conforme al debido proceso, manteniendo el hermetismo sobre detalles adicionales mientras las pesquisas internas siguen su curso.

El panorama religioso en el Distrito Nacional continúa siendo un pilar fundamental para la cohesión social y el desarrollo espiritual de la capital. Durante el presente fin de semana, diversas denominaciones cristianas han intensificado sus jornadas de asistencia comunitaria y servicios de oración, consolidando su presencia en los sectores más vulnerables de la ciudad.

Las iglesias locales han reportado un incremento significativo en la participación de jóvenes en programas de formación integral. Estas iniciativas no solo se centran en el estudio bíblico, sino también en brindar herramientas técnicas y apoyo psicológico, buscando mitigar los desafíos de seguridad ciudadana que afectan a las comunidades urbanas mediante la educación y el servicio.

Por otro lado, los líderes eclesiásticos de la capital han hecho un llamado a la unidad de las familias dominicanas. A través de vigilias y encuentros de oración, se ha enfatizado la importancia de mantener los valores cristianos en la esfera pública, promoviendo la reconciliación y el respeto mutuo como los motores principales para enfrentar las crisis cotidianas.

En cuanto a la labor humanitaria, las congregaciones han organizado diversas ferias de salud y entrega de suministros básicos para familias en situaciones de precariedad. Estas acciones son coordinadas de forma descentralizada, permitiendo que la ayuda llegue de manera efectiva a los barrios periféricos, donde el apoyo de la Iglesia constituye a menudo la red de seguridad más inmediata para los ciudadanos.

Finalmente, los distintos consejos ministeriales del Distrito Nacional han ratificado su compromiso de seguir trabajando en estrecha colaboración con las instituciones públicas. Este esfuerzo conjunto busca no solo fortalecer la fe de la nación, sino también participar activamente en la búsqueda de soluciones constructivas para los problemas sociales que preocupan a la población capitalina.

El Vaticano ha intensificado sus gestiones diplomáticas en las últimas horas, buscando ser un puente de diálogo frente a los conflictos armados que actualmente sacuden diversas regiones del planeta.

Desde la Santa Sede, el Sumo Pontífice hizo un llamado urgente a los líderes mundiales para que depongan las armas. Su mensaje se centra en priorizar la vida humana sobre cualquier interés geopolítico o económico.

Expertos en asuntos internacionales señalan que la voz de Francisco se ha convertido en uno de los pocos mecanismos de mediación neutrales que aún conservan autoridad moral en foros multilaterales.

La agenda vaticana para esta semana contempla reuniones privadas con delegados de naciones en conflicto, donde se espera alcanzar acuerdos humanitarios que permitan el acceso a suministros básicos para la población civil.

Finalmente, el Papa Francisco reiteró su compromiso con los más vulnerables, recordando que el verdadero desarrollo de una sociedad se mide por su capacidad de proteger a quienes no tienen voz en medio de la guerra.

A doce días del sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, el panorama ha cambiado de forma acelerada. Las labores de rescate han entrado en fase de repliegue ante la reducción de supervivientes.

Los equipos internacionales que llegaron en los primeros días han empezado a retirarse. El terreno queda ahora bajo el control exclusivo de las autoridades locales y un despliegue masivo de fuerzas militares.

El último balance oficial, presentado este 6 de julio, sitúa la cifra de fallecidos en 3.535 personas. Los heridos superan ya los 16.740, mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen como damnificados.

El estado La Guaira, epicentro del desastre, se mantiene bajo estricto control de seguridad. Persisten las denuncias ciudadanas sobre la opacidad en el manejo de la ayuda humanitaria y la gestión de víctimas.

La tragedia ha terminado por desnudar una crisis política que se profundiza con las horas. La falta de coordinación efectiva ha generado un clima de desconfianza profunda entre la población y las instituciones.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta gestionar la reconstrucción y el diálogo internacional. Sin embargo, enfrenta una presión interna insostenible ante el vencimiento de plazos constitucionales inminentes.

En el tablero internacional, la situación es de vigilancia constante. La presencia de personal logístico de Estados Unidos en la región, coordinando la asistencia, ha sido leída como una señal geopolítica delicada.

Venezuela avanza entre las ruinas con una herida abierta. La emergencia física comienza a controlarse, pero la incertidumbre sobre el futuro institucional del país se vuelve más aguda cada día.