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SANTO DOMINGO ESTE.– Ya sea por ignorancia supina o de manera fríamente calculada, sectores vinculados al estamento militar y plataformas digitales de veteranos han encendido las alarmas denunciando una supuesta "exclusión de los militares" ante la posibilidad de que un civil asuma el Ministerio de Defensa. Sin embargo, detrás de este relato alarmista, lo que realmente se esconde es el tradicional pánico de ciertos sectores a perder el control de un espacio de poder que la propia legislación ordenó democratizar hace más de una década.
El escarceo de los pasillos y la fiebre del 16 de agosto
A medida que se aproxima el 16 de agosto, fecha institucional de cambios y ratificaciones en el tren gubernamental, los pasillos de los cuarteles se convierten en un hervidero de rumores. Que si se queda el actual incumbente, que si sube "Juan" o si designan a "Pedro"; la danza de nombres y las corrientes internas son el pan nuestro de cada día en las Fuerzas Armadas.
Este año, el ruido ha tomado un matiz diferente con el resurgimiento del debate sobre el ministro civil. Para algunos analistas, este escarceo mediático responde a campañas internas de descalificación o a la resistencia anticipada de cúpulas militares que ven con recelo cualquier movimiento que altere el orden tradicional de la sucesión uniforme.
Para desarmar la tesis de que se trata de una "violación constitucional" o una imposición antojadiza del gobierno actual, basta con revisar el archivo histórico y legal. El artículo 31 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (Ley 139-13) faculta explícitamente al Presidente de la República a designar a un civil idóneo en el cargo.
Esta ley no surgió de la nada; fue aprobada en 2013 bajo la administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con el voto favorable de legisladores que hoy militan tanto en el oficialismo como en la Fuerza del Pueblo. En consecuencia, todo el liderazgo político mayoritario del país validó en su momento que la dirección de la política de defensa nacional puede estar en manos civiles, como ocurre en las principales democracias del mundo (Estados Unidos, Colombia, España o Chile).
Como defensores de la institucionalidad, el análisis debe ir al fondo del asunto sin apasionamientos: quien decide, por mandato de la Constitución, es el Presidente de la República. El artículo 250 de la Carta Magna establece de forma inequívoca que el Jefe de Estado es la Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Él, y nadie más, tiene la facultad discrecional de designar a quien entienda pertinente para dirigir las políticas de seguridad nacional. Las tropas en el terreno y el mando operativo siempre estarán bajo el liderazgo de los generales de carrera, pero la conducción política del ministerio responde al poder civil electo.
La gran interrogante: ¿Está la República Dominicana preparada?
El verdadero filo periodístico nos obliga a plantear la pregunta de fondo: Si la ley tiene 13 años vigente y otorga esa facultad, ¿por qué los presidentes de turno han preferido mantener a los uniformados a la cabeza?
La respuesta abre el debate sobre la madurez institucional de nuestra sociedad. ¿Estamos realmente preparados para que un civil asuma las riendas del Ministerio de Defensa sin que esto genere ruidos, resquemores o desobediencia pasiva en los cuarteles? Romper con décadas de tradición militarista requiere no solo de un marco legal —que ya existe—, sino de una voluntad política de acero y de una cultura democrática lo suficientemente sólida en las filas castrenses para asimilar que el control civil no demerita la gloriosa carrera militar.
Mientras el 16 de agosto llega, el escarceo por el poder continuará en los pasillos, alimentado por el ruido mediático de quienes temen al cambio, pero la última palabra la tendrá, como manda la ley y la Constitución, el despacho del Palacio Nacional.
30 DE JUNIO 2026
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