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marzo 22, 2015
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PERÚ (EFE).- El Gobierno de Perú destituyó este
domingo al director ejecutivo de la suspendida Dirección Nacional de
Inteligencia (Dini), Iván Kamisaki, y aceptó la renuncia de su director
nacional de Inteligencia, Javier Briceño, tras la denuncia periodística
de un presunto acopio de información sobre personajes públicos.
Dos resoluciones supremas de la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) publicadas hoy en el diario oficial El
Peruano formalizaron el anuncio realizado el viernes en el Congreso por
la primera ministra, Ana Jara, de relevar a la plana mayor del órgano
gubernamental de inteligencia.
La primera resolución da por concluida la
designación de Iván Kamisaki como máximo responsable del órgano
gubernamental de inteligencia, tras ostentar el cargo desde 2012.
En el caso de la segunda, el Gobierno peruano
aceptó el cese de Briceño, ya que se encontraba dentro de los tres
cargos anunciados por el Ejecutivo para ser destituidos.
Ana Jara también anunció el relevo del director de
contrainteligencia, Mauro Castañeda, pero su salida de la Dini no está
contemplada en la presente edición del diario oficial.
La primera ministra de Perú compareció el jueves
durante ocho horas en el Congreso para ofrecer explicaciones sobre una
presunta recopilación de información por parte de la Dini de políticos,
periodistas y otras personalidades públicas, según denunció la revista
Correo Semanal en un reportaje publicado ese mismo día.
El reportaje aseguraba que la Dini, dependiente de
la PCM, rastreó la información almacenada en la Superintendencia
Nacional de Registros Públicos (Sunarp) sobre propiedades, reportes
crediticios y antecedentes judiciales de alrededor de un millar de
ciudadanos, entre los que figuran ministros, congresistas, empresarios y
periodistas.
Entre las personas rastreadas figuran el
expresidente (2001-2006) Alejandro Toledo, el actual ministro de
Defensa, Pedro Cateriano; la propia presidenta del Consejo de Ministros,
Ana Jara; y el ministro del Interior, Jose Luis Pérez Guadalupe, según
la publicación.
La Dini se encuentra actualmente fuera de funcionamiento desde el 1 de marzo por decreto supremo del presidente peruano Ollanta Humala, quien ordenó desactivarla durante 180 días para someterla a una reestructuración por las denuncias de espionaje y seguimiento a políticos y personajes opositores a la política del Gobierno
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