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julio 14, 2016
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Familiares de ocho menores de edad que murieron
en un accidente de uno de los autobuses del estatal Fondo de Desarrollo
del Transporte Terrestre, en 2001, en Aras Nacionales de Villa Mella,
pidieron al presidente Danilo Medina que ordene acatar la sentencia
definitiva que dispone el pago de 17 millones de pesos de indemnización
.
La señora Nury Geraldo, vocera de los familiares de las siete víctimas del referido accidente, acompañada de los abogados Henry Soto Lara y José Chía Sánchez, se quejó por la negativa de la citada dependencia estatal de acatar el veredicto emitido por la Suprema Corte de Justicia.
Explicaron que el conductor del vehículo, quien estaba borracho, y provocó la tragedia ocurrida el 20 de marzo de 2011, ya cumplió la condena de 5 años en la cárcel Modelo de Najayo.
Empero, sostienen que el Estado como propietario del autobús, a través del referido Fondo de Transporte Terrestre, no ha querido acatar lo relativo a la indemnización, además de que se quejan de que han sido abandonados tras la tragedia en la que perdieron a sus seres queridos.
Recordaron que a raíz del accidente, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito se comprometió a no desamparar a los familiares de las víctimas en sus reclamaciones ante la justicia, pero que eso ha sido echado al olvido.
Destacaron que en primer grado el Fondo de Desarrollo del Transporte fue condenado al pago de una indemnización de 65 millones de pesos, cuya sentencia fue recurrida por ante la Corte de Apelación y luego en casación por ante la Suprema Corte de Justicia.
Aducen que en definitiva existe la condena por 17 millones de pesos en contra de dicha institución como propietaria del vehículo envuelto en el accidente.
"En nuestro caso el Estado no ha tenido una tutela efectiva para proteger los derechos afectados de estas víctimas, porque tenemos la sentencia definitiva de la Suprema Corte donde un funcionario de esa entidad se ha negado acatarla a pesar de haber hecho el procedimiento para cobrarle al Estado", acotó Soto.
De su lado, el abogado Chía Sánchez lamentó el drama que les ha tocado vivir a los padres y otros familiares de los ocho adolescentes que murieron al regresar de una excursión, cuando el conductor en estado de embriaguez provocó el accidente.
Mientras que Nury Geraldo asegura que aún no se recuperan del trauma vivido, y se quejó de que las promesas que les hicieran la Vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández y el procurador general Domínguez Brito, de que les darían seguimiento al caso para que no quedara en el olvido
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