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abril 17, 2019
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Mientras
García moría en un hospital de Lima, el también expresidente peruano Pedro
Pablo Kuczynski (2016-2018) e igualmente acusado y detenido por el caso
Odebrecht, era ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un centro
médico de la capital peruana, donde permanece, por un problema cardíaco, asi
destaca la agencia EFE, en Bogata.
Explica
que el expresidente del Perú Alejandro Toledo (2001-2006) se encuentra huido de
la Justicia de su país tras haber sido acusado de recibir de Odebrecht para su
usufructo personal una comisión de 20 millones de dólares y contra él pesa ya
una petición de arresto y extradición.
También
la primogénita de Fujimori, Keiko, líder de la oposición, cumple prisión
preventiva también bajo la acusación de haber sido sobornada por Odebrecht.
Dice
EFE que la Fiscalía Anticorrupción peruana mantiene abiertas una acusación e
investigación sobre la presunta implicación de Nadine Heredia, esposa del
expresidente Ollanta Humala (2011-2016) en el pago de los sobornos admitidos
por Odebrecht.
De
igual manera en Colombia, la Fiscalía General solicitó en su momento la
apertura de una investigación sobre la denuncia de la "contribución"
de Odebrecht con un millón de dólares a la campaña electoral para la reelección
del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
Además
de la acusación que ha gravitado sobre Santos, en Colombia está encarcelado,
entre otros, como acusado confeso de haber sido sobornado por Odebrecht,
Gabriel García Morales, vieceministro de Transportes durante la Administración
del presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
Del
entorno de Uribe, también ha sido señalado por informaciones de la prensa
brasileña procedentes de las delaciones de Odebrecht Óscar Iván Zuluaga,
candidato presidencial del partido que lidera el expresidente colombiano en las
elecciones en las que lo ganó Santos en 2014.
Al citar
a Panamá indica que pesa una orden de extradición contra dos hijos, ya detenidos
en Estados Unidos, del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) a los que la
banca suiza ha congelado cuentas por valor de 22 millones de dólares que les
entregó Odebrecht, según las delaciones procedentes de la propia empresa.
También
en Panamá, la Fiscalía General ha formulado cargos contra Amado Barahona,
director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno (2004-2009) de
Martín Torrijos.
En
Brasil, origen de todo este escándalo internacional, Odebrecht es parte de un
entramado de corrupción en el que están implicadas las principales empresas del
país en torno al gigante estatal Petrobras y que propició la crisis que llevó a
ser derrocada de la Presidencia a Dilma Rousseff y a la cárcel a su antecesor,
Luiz Inácio Lula da Silva.
La
práctica del soborno por parte de Odebrecht parece a todas luces sistemática,
sin preferencias por gobierno alguno en concreto e inducida o favorecida por
sistemas políticos afectados por una corrupción crónica y capaz de infectar a
cualquier administración presidencial.
También
parece evidente que con las cifras millonarias que destinaba a los sobornos
Odebrecht no se iba a jugar la consecución o no de sus fines a la intervención
de meros intermediarios o funcionarios de nivel intermedio.
En
Brasil, el propietario y expresidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue
condenado a 19 años de cárcel, y trasladado a prisión domiciliaria en una de
sus mansiones gracias a la llamada "colaboración eficaz" con la
Justicia
Condenada
indefectiblemente al ostracismo empresarial al menos a mediano plazo, el
emporio se dispuso, por lo menos, y caiga quién caiga, a sacar de la cárcel a
su propietario.
A
consecuencia de las confesiones en Brasil de la empresa, que también opera en
Estados Unidos, las autoridades de ese país aplicaron a Odebrecht el Acta de
Prácticas Corruptas en el Extranjero y abrieron la correspondiente
investigación.
Como
resultado, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló el pasado diciembre de
2016 el alcance económico y los países de destino -788 millones de dólares
entre Latinoamérica y África- de los sobornos de Odebrecht.
Los
datos revelados por EE.UU., que Odebrecht ha asumido y por los que ha aceptado
pagar una millonaria multa de alrededor de 3.500 millones de dólares, mencionan
textualmente a "funcionarios e intermediarios del Gobierno" como
destinatarios de los sobornos en cuestión.
Los
principales países latinoamericanos implicados desde al menos 2003 hasta 2016,
además de Brasil, son Panamá, República Dominicana, México, Guatemala, Ecuador,
Perú, Venezuela, Colombia, Argentina y Guatemala.
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