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mayo 31, 2019
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La Asociación Dominicana de Profesores
(ADP) expresó este viernes su apoyo a la ordenanza de igualdad de género, que
impulsa el Ministerio de Educación y que ha generado rechazo de las iglesias
del país.
El comité ejecutivo nacional del gremio,
encabezado por su presidenta Xiomara Guante, solicitó la participación de la
ADP en la elaboración de esta política de equidad, además de calificar como
correcta su implementación.
En sus declaraciones, Guante consideró
como “notoria” la desigualdad entre hombres y mujeres.
“No podemos seguir tolerando que las
mujeres continúen (siendo) discriminadas en cuanto a la inserción laboral y en
la retribución del trabajo, a pesar de haberse logrado el cierre de brecha en la
educación secundaria y universitaria a favor de la mujer”, dijo la presidenta.
Como prueba indicó la disparidad en la
participación de las féminas en instituciones públicas, afirmando que en más de
veinte ministerios, apenas tres están ocupados por mujeres; "la Junta
Monetaria no emplea ninguna; en siete órganos reguladores tampoco; de 32
senadurías, solo tres; y de los voceros de partidos políticos en el Senado y la
Cámara de Diputados, una", dijo.
De igual forma señaló la discrepancia
salarial existente entre géneros, asegurando que el salario promedio de las
mujeres es 18% menor que el recibido por los hombres.
Guante exhortó a que esta política sea
importante en el currículo educativo, para que niños, niñas y adolescentes
aprendan desde las aulas el valor de la igualdad de género.
“La ADP entiende que la igualdad entre
los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base necesaria
para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible”, sostuvo la presidenta
de los profesores.
La asociación instó al ministro de
Educación, Antonio Peña Mirabal, a convocar un proceso de discusión de la
política de equidad de género en el que participen todos los sectores de la
sociedad, y en especial las mujeres.
La ordenanza referida se trata de la orden
departamental 33-19 del ministerio de Educación (Minerd), que tiene como fin
cumplir con el mandato constitucional del derecho a la educación como garantía
para la igualdad y dignidad humana, y creando las condiciones para garantizar
la igualdad de oportunidades.
Esta disposición ha sido controversial,
teniendo apoyo y críticas de distintas instituciones, organizaciones y
personalidades públicas.
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