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marzo 12, 2020
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La
Procuraduría General de la República (PGR) informó que el Consejo Superior del
Ministerio Público, acogiendo la propuesta enviada por el Consejo Económico y
Social (CES) para la escogencia del titular de la Procuraduría Especializada de
Delitos Electorales, eligió de manera interina a la procuradora adjunta Gisela
Cueto, quien actualmente desempeña las funciones de titular del Departamento de
Cooperación Internacional y Extradiciones.
En un
comunicado de prensa el órgano del sistema de justicia explica que además de
evaluar los candidatos recomendados por el CES, la procuradora adjunta Gisela
Cueto, y el titular de la Procuraduría Regional de San Cristóbal, Jonathan
Baró, dentro de sus facultades como órgano constitucional, también evaluó a los
magistrados Francisco Berroa y Casilda Báez, titular de la Procuraduría
Regional de Santo Domingo y titular del Departamento de Dictámenes Civiles de
esta Procuraduría, respectivamente.
Por igual,
el Consejo Superior del Ministerio Público convocó a la recién designada
titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, al director
general de Persecución del Ministerio Público y a los titulares de todas las
procuradurías fiscales del país a una reunión que se llevará a cabo mañana
viernes 13 de marzo, a los fines de coordinar la logística operativa de cara a
las elecciones municipales que serán realizadas el próximo domingo 15 de marzo.
De la misma
forma, el Consejo Superior del Ministerio Público ordenó a los departamentos
correspondientes a que brindaran en esta misma fecha toda la asistencia
necesaria a la nueva Titular Interina asignando los recursos, herramientas y
conformación de un equipo de trabajo que incluye fiscales de carrera y personal
administrativo a los fines de dar apoyo y cooperación a las Fiscalías en la
persecución de los delitos electorales.
En el documento de prensa la institución
reiteró que las fiscalías estarán laborando en horario extendido antes, durante
y después de las elecciones municipales, a fin de atender las eventuales
denuncias de presuntos delitos electorales que pudieran presentarse en las
diferentes jurisdicciones del país
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