Santo Domingo, Rep. Dom., 16 octubre del 2020.- La Fundación Justicia y Justicia y Transparencia (FJT),
anunció que, en los próximos días, presentará al país y al Congreso Nacional,
una propuesta de ley para institucionalizar y darle expresión legal y de
legitimidad a los planes sociales, que llevan a cabo los legisladores, mediante
las modalidades conocidas comúnmente, como
el barrilito en el Senado, y cofrecito en la Cámara de Diputados.
La entidad cívica entiende que es un momento
oportuno, para transparentar y sentar las bases jurídicas e institucionales, de
los programas de asistencia social, que desarrollan los legisladores en toda la
geografía nacional, estableciendo un sistema que avalé y condicioné la referida
labor social, a la observación rigurosa de las leyes de transparencia, de los
mecanismos de control y a los principios de la administración pública.
El presidente de Justicia y Transparencia, FJT presentará propuesta de ley para institucionalizar planes sociales de congresistas, explicó que tanto el barrilito como el cofrecito, en los
términos que han sido concebido, sustentados en resoluciones de sus respectivas
cámaras, violan la Constitución de la República, respecto a que es nula toda
erogación de fondos públicos realizada sin una ley que la regule, como dispone
su el Art. 236, además de la necesaria identificación de las fuentes que
engendran obligaciones pecuniarias a cargo del Estado, para la correspondiente
erogación.
Potentini refirió que también con el barrilito
y cofrecito, se viola el principio de universalidad creado por el Art. 11 de la
Ley Orgánica de Presupuesto del Sector Público, No. 423-06, al establecer que
el sistema presupuestario abarca a todas las instituciones del sector público y
exige que todos los recursos y gastos deban ser estimados con la mayor
exactitud y acuciosidad posible, y que deberán ser gastados exclusivamente en
los objetivos establecidos en el presupuesto.
Propuesta de ley para establecer Programa Nacional de Asistencia
Social Legislativa (PRONASLE).
En consecuencia, Justicia y Transparencia,
plantea una ley que instituya el Programa
Nacional de Asistencia Social Legislativa (PRONASLE), estableciendo la mecánica y el
procedimiento, en que los legisladores puedan desarrollar la asistencia social,
con un marco regulatorio que implique rendición de cuentas, licitaciones en
virtud de la ley 340-06, sobre compra y contrataciones públicas, sometidos a la
ley 200-04, sobre acceso a la información pública, al escrutinio de la cámara
de cuentas; además de su previsión y consignación en la ley de presupuesto
general del estado.
La referida propuesta de ley considerará la
suspensión de estos planes sociales, en beneficio de aquellos legisladores que
estén optando por una reelección, ya sea como precandidato, en las primarias de
su partido, o ya bien sea, en su condición de candidato, períodos en los cuales
estarán suspendidas automáticamente la erogación de los fondos, en beneficio
del congresista en reelección, sobre todo para mantener la competencia
democrática, en un plano de equidad e igualdad. Asimismo, se reorientarían los
fondos en tiempos de campaña, de los congresistas precandidato o candidato, en
beneficio de las iglesias, para que estas continúen asistiendo a las
comunidades.
De igual forma Potentini informó que la
propuesta sugerirá, un esquema que priorice con la asignación de recursos la
zona fronteriza del país, por tratarse del área geográfica más pobre, deprimida
y olvidada de toda la geografía nacional, concibiendo además una estructura
administrativa en todas las provincias, para servicios y contacto con los
electores.
En ese sentido la FJT reconoce la necesidad de
que los congresistas cuenten con los recursos, para canalizar las urgencias
sociales de sus electores, máxime que hoy día la labor del congresista, va más
allá de la responsabilidad de legislar, imponiéndose una dinámica de constante
roce y solución de problemas básicos en beneficio de sus comunidades.
La propuesta tomará en consideración los
diferentes planes de asistencia social que desde diversas entidades estatales
maneja el gobierno, privilegiando el contacto que de primera manos tienen los
legisladores con sus comunidades, permitiéndoles asistirlos con prestaciones y
necesidades básicas, sobre todo salvaguardando la dignidad de la función
legislativa, que no tengan que estar haciendo filas para que un ministro o
incumbente gubernamental lo sometan a vejámenes y pérdidas de tiempo detrás de
alguna obra o asistencia para su provincia.
Finalmente, Justicia y Transparencia entiende que es favorable, siempre bajo un esquema institucional, el que los legisladores puedan asistir a los electores de sus demarcaciones territoriales, con diversas prestaciones y ayudas, para mitigar las grandes desigualdades que se verifican con la atención, que solo se les facilita a los sectores más conectados con las estructuras de poder.
16 de octubre 2020
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