Fuente/Acropol RD
Por: Pedro
Martínez y Martín Restituyo
Un sargento y dos cabos de la Policía dominicana fueron cancelados de esa institución este martes, acusado de haber secuestrado a un prestamista en San Cristóbal, y por cuyo rescate pedían RD$200,000 en efectivo.
Los agentes
fueron identificados como el sargento Nataniel de Paula Rodríguez, de 26 años,
perteneciente a la Unidad de Los Linces, de Operaciones Especiales y los cabos,
Jonser Corporán Feliz, de 27 y Alejandro
Mateo Pérez, de 27, asignados al Plan Piloto y Operaciones Especiales,
respectivamente.
El Diario
Libre publicó que “de acuerdo a una fuente policial, el grupo fue identificado
por un prestamista como los agentes que alegadamente lo interceptaron en horas
de la tarde del lunes en la calle Padre Ayala, esquina 27 de febrero de la
citada ciudad, mientras se desplazaba junto a su esposa y su hijo de años de
edad en un carro marca Kia, color blanco de su propiedad, lo encañonaron y le
comunicaron que estaba detenido y lo trasladarían hacia Santo Domingo”.
La
información del DL digital afirma que según la fuente, el prestamista fue
esposado y subido a una yipeta marca Mitsubishi, color blanco en la que
viajaban los policías, y partieron hacia Santo Domingo, pero en el trayecto
estos le comunicaron que lo liberarían si este le entregaba RD$200,000, no
obstante miembros de la división de investigaciones y la policía preventiva
capturaron a los agentes mientras se hacían los aprestos para cobrar el
rescate.
Dicen que
“Este medio supo que, tras conocerse del suceso, el director Regional sur de la
Policía Nacional, Jorge Garibaldi Mancebo, recomendó que los policías
involucrados fueran cancelados”.
La
desvinculación fue comunicada este mediodía por la Dirección de Comunicaciones
Estratégicas de la Policía, la que se limitó a ofrecer los nombres de los
cancelados y decir que la información se encuentra en desarrollo.
La Policía
dice que respalda el actuar policial ético y de entrega a la comunidad, pero
también investiga y sanciona los casos de policías que no cumplen con su deber
constitucional y principios institucionales.
Señala que
la investigación preliminar indica las pruebas suficientes para enviarlos a la
justicia para que sean procesados por los casos que se les imputa.
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