La procuradora general de la
República revocó la “Instrucción general sobre procesamiento y sanciones por
incumplimiento del toque de queda y prohibición de aglomeraciones”.
La decisión de la magistrada
Miriam Germán Brito revierte la instrucción que había emitido a los fiscales de
las distintas instancias del Ministerio Público el 11 de enero de 2021.
Germán dispuso que los
integrantes del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que
violenten las normas sanitarias establecidas por el Poder Ejecutivo, y que a su
vez se amparan en declaratorias de Estado de Excepción, deberán ser sometidos
ante el juez de Paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos
contravencionales.
El Ministerio Público deberá
seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas
al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo
establece la Ley General de Salud Pública, No. 42-01.
Al impartir la comunicación
interna a los fiscales, la procuradora recordó la necesidad de que el
Ministerio Público apoye las acciones del Gobierno y acompañe a toda la
población en la implementación de las medidas que, como el toque de queda y el
distanciamiento social, buscan frenar la pandemia de la COVID-19, el cual ha
afectado en el país a 188,969 personas con la pérdida irreparable de 2,432
vidas humanas.
Aunque procedió a revocar su
instrucción tras analizarla y discutirla con su equipo de expertos, la
magistrada garantizó a la ciudadanía que jamás el Ministerio Público dejará de
cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes
incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar
la salud pública.
El artículo 153 de la Ley
General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre
RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las
autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.
La fijación de montos
anteriores obedecía al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de
criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de
conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para
proceder y evitar la discrecionalidad.
La Procuraduría General de la
República refuerza su interés en fortalecer el Estado de Derecho y recuerda a
la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate
constructivo que aporte soluciones.
Recordó que al momento de
iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos
países, se encontró frente a la necesidad de actuar frente a una pandemia que
sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a
quienes violentan las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para
prevenir y controlar la pandemia, al parecer se empezaron a aplicar
analógicamente al procedimiento de multas establecido en la Ley General de
Tránsito
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