La fiscal una garantía económica a pesar de la gravedad del caso
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional envió ayer a prisión preventiva por un año como medida de coerción a una mujer, acusada por el Ministerio Público de estafar con 265 millones 481 mil 981 pesos con 22 centavos a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Fiscalía del Distrito Nacional a pesar de la gravedad del caso pidió como medida de coerción una garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida. El magistrado que presidió la audiencia entendió que Aida Ramos de Hernández, permaneciera en prisión.
Cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La imputada, según consta en Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.
El expediente detalla que Ramos de Hernández se asoció con otros accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de las citadas entidades, cuyo objeto social era el financiamiento de vehículos y otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el ensanche Naco, del Distrito Naciona
Ramos de Hernández cometió los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde ahí hacia Rusia.
La titular de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público, fiscal Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.
En la instancia con la solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar, S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020 fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los indicados delitos.
A través del esquema societario, Ramos de Hernández junto con otros accionistas además utilizó esas sociedades para hacerles creer a las víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas de interés anuales que oscilan entre un 4 y un 18 por ciento.
La magistrada Concepción Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, presentó diferentes pruebas que vinculan a la imputada al caso.
Aida Margarita Ramos de Hernández, fue arrestada cuando era interrogada en la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público.
Los fiscales Carlos Vidal Montilla y Karina Concepción Medina, en la solicitud de la medida de coerción indican que la imputada presenta peligro de fuga, ya que no compareció a la citación realizada por el Ministerio Público en su domicilio de la calle Camila Henríquez, número 23, condominio Ariel V, tercer piso, Mirador Norte.
“Por lo que a través de ese comportamiento evasivo, se desprende la falta de voluntad de la imputada a someterse a la persecución penal”, indican en la solicitud de medida y a pesar de eso insistían en que se le impusiera una garantía económica.
Las financieras dedicadas para captar ahorrantes ofrecía una alta tasa de beneficios que pagaba un interés de hasta un 18%.
Unas 39 querellas penales por estafa, abuso de confianza, falsificación de escritura de comercio, uso de documento de comercio falso, asociación de malhechores, falsedad en los datos suministrado al Registro Mercantil y lavado de activos, son parte de los ilícitos penales.
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