Los siete policías deberán cumplir prisión en el centro de retención de militares de Operaciones Especiales, ubicado en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste.
Mientras que a los otros tres, se le impuso garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica. A la civil Miguelina Bello Segura, le dictó prisión domiciliaria en su residencia en Pedernales.
Prisión preventiva
Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de la custodia de armas y municiones
Juan Miguel Pérez Soler, subintendente
Capitán Nelson Valdez, responsable del depósito de armas, municiones y pertrechos
Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central
Cabo Juan Luis Díaz Medina
Raso Rubiel Martínez
Raso Moreibin Medina Pérez
Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica
Capitán Víctor Manuel Santos, auditor, con una garantía económica de tres millones de pesos
Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, con una garantía económica de dos millones de pesos.
Ministerio Público, satisfecho
Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), destacó que están satisfechos con el dictamen del tribunal y la forma en que se ha "valorado la gravedad de los hechos en este proceso donde diez personas físicas y una jurídica están acusadas en la llamada operación Pandora.
Camacho indicó que la jueza también acogió la declaratoria del caso como complejo. "Los miembros de la Policía Nacional traicionaron su uniforme, su institución y al país", puntualizó.
De acuerdo al informe presentado por el Ministerio Público, los acusados sustrajeron: 82,949 cartuchos calibre 12 mm; 10,404 cartuchos calibre 12 milímetros; 26,128 cápsulas calibre 7.62 mm; 489,907 cápsulas calibre 9 mm; 230,340 cápsulas calibre 5 mm; 117 cápsulas calibre 45 mm; 68,066 cartuchos de gomas para escopeta calibre 12 mm; 59 gases lacrimógenos y 31 proyectiles calibre 37 mm, afectando al Estado con más 64 millones de pesos en un año.
Abogados apelarán
La defensa de los enviados a prisión preventiva señaló que apelarán la sentencia dictada ya que no están de acuerdo y la consideran "abusiva".
Vinicio Aquino, que defiende al coronel Narciso Antonio Romero Feliz y el capitán Juan Miguel Soler Pérez, explicó que el órgano persecutor tiene ocho meses para presentar nuevas evidencias.
"Este es un caso complejo, la misma ley establece que se revisa la sentencia a los ocho meses y habrá una revisión en febrero", dijo Aquino.
26 de noviembre 2024
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