SANTO DOMINGO NORTE.– Sectores comunitarios y comerciales de Villa Mella denunciaron la existencia de un presunto esquema ilegal en el que inversionistas de nacionalidad china utilizan a ciudadanos dominicanos como "prestanombres" o testaferros para mantener operativos y expandir establecimientos comerciales que previamente habían sido intervenidos o clausurados por las autoridades. Ante la sospecha de evasión fiscal y lavado de activos, los denunciantes exigieron la intervención urgente de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Pro Consumidor y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para investigar la verdadera titularidad y procedencia de los capitales de estos negocios.
El "modus operandi" de las fachadas comerciales
De acuerdo con un levantamiento de información realizado en la zona, comercios vinculados a ciudadanos chinos que en el pasado fueron objeto de cierres y fiscalizaciones por violaciones legales estarían burlando las sanciones estatales. Para retomar sus actividades económicas, los verdaderos propietarios registran los establecimientos bajo nuevas identidades mercantiles utilizando los nombres y documentos de ciudadanos locales.
A pesar de que la documentación legal, laboral y mercantil figura formalmente a nombre de dominicanos, fuentes cercanas al sector aseguran que el control financiero, la administración real y los dividendos económicos continúan bajo la gestión de los inversionistas extranjeros.
Crecimiento acelerado y sospechas de competencia desleal
La alarma entre los residentes y comerciantes establecidos en Santo Domingo Norte se ha intensificado debido a la agresiva expansión que han mostrado estos negocios en los últimos años. El esquema ha permitido la apertura de múltiples sucursales dedicadas a la comercialización masiva de electrodomésticos, motocicletas, patinetas eléctricas y otros artículos de alto movimiento comercial y rápida rotación.
Personas vinculadas al entorno comercial de Villa Mella sostienen que el uso de terceros como representantes formales busca evadir responsabilidades fiscales, laborales y legales, lo que representa una grave falta de transparencia y una situación de competencia desleal para los empresarios que operan bajo el marco de la ley.
Llamado a las autoridades reguladoras
Ante la gravedad de los hechos, el sector comercial organizado y los comunitarios solicitaron formalmente una auditoría y fiscalización profunda por parte del Estado. Específicamente, instaron a la DGII a verificar el cumplimiento tributario de estas nuevas empresas, a Pro Consumidor a revisar las garantías de las mercancías, y al MICM a validar la autenticidad de los registros comerciales otorgados recientemente en el municipio.
Hasta el momento, ninguna de las instituciones públicas mencionadas ni las autoridades competentes han emitido una declaración oficial o postura respecto a estas denuncias.
22 de mayo 2026
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