SANTO DOMINGO — La trágica muerte del joven Darlin Emmanuel Mercado Reyes, de 19 años, a manos de un agente de la Policía Nacional durante un confuso incidente de tránsito en Santo Domingo Oeste, ha reavivado con fuerza el debate nacional sobre la urgencia y el estancamiento de la reforma policial en el Congreso de la República Dominicana, a pocas semanas de que venza el plazo legislativo para su aprobación.
El hecho, que provocó la enérgica condena del Poder Ejecutivo y la suspensión de cinco agentes que acompañaban al cabo agresor, coincide con la difusión de un informe estadístico de la base de datos de Patrulla Letal, el cual revela que más de 270 jóvenes de entre 16 y 35 años han perdido la vida en intervenciones policiales documentadas durante la actual gestión gubernamental, consolidando a la juventud como el sector más vulnerable ante el uso de la fuerza letal.
A nivel legislativo, la indignación social presiona directamente a la comisión especial del Senado encargada de estudiar el proyecto de transformación institucional. La iniciativa, que busca sustituir la actual Ley 590-16 y regular estrictamente el uso de la fuerza bajo principios de legalidad y proporcionalidad, corre el riesgo de perimir de forma automática el próximo 26 de julio si no logra superar las lecturas correspondientes antes del cierre de la presente legislatura.
Organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición han alzado su voz para señalar que el caso de Mercado Reyes evidencia las fallas persistentes en los protocolos de operación y entrenamiento de los agentes. Mientras la Oficina de Atención Permanente aplazó el conocimiento de la medida de coerción contra el cabo implicado, diversos sectores exigen un consenso político inmediato en el Senado para rescatar la normativa y evitar que la prometida modernización de los cuerpos del orden quede en el olvido.
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