A doce días del sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, el panorama ha cambiado de forma acelerada. Las labores de rescate han entrado en fase de repliegue ante la reducción de supervivientes.
Los equipos internacionales que llegaron en los primeros días han empezado a retirarse. El terreno queda ahora bajo el control exclusivo de las autoridades locales y un despliegue masivo de fuerzas militares.
El último balance oficial, presentado este 6 de julio, sitúa la cifra de fallecidos en 3.535 personas. Los heridos superan ya los 16.740, mientras decenas de miles de ciudadanos permanecen como damnificados.
El estado La Guaira, epicentro del desastre, se mantiene bajo estricto control de seguridad. Persisten las denuncias ciudadanas sobre la opacidad en el manejo de la ayuda humanitaria y la gestión de víctimas.
La tragedia ha terminado por desnudar una crisis política que se profundiza con las horas. La falta de coordinación efectiva ha generado un clima de desconfianza profunda entre la población y las instituciones.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intenta gestionar la reconstrucción y el diálogo internacional. Sin embargo, enfrenta una presión interna insostenible ante el vencimiento de plazos constitucionales inminentes.
En el tablero internacional, la situación es de vigilancia constante. La presencia de personal logístico de Estados Unidos en la región, coordinando la asistencia, ha sido leída como una señal geopolítica delicada.
Venezuela avanza entre las ruinas con una herida abierta. La emergencia física comienza a controlarse, pero la incertidumbre sobre el futuro institucional del país se vuelve más aguda cada día.
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