Durante la más reciente jornada de lectura del juicio de fondo del Caso Coral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes sobre la estructura financiera utilizada para la distracción de fondos públicos y su posterior blanqueo. Se detalló cómo inmuebles adquiridos originalmente por figuras como Adán Cáceres y otros imputados eran transferidos a nombre de Único Real Estate para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.
El Ministerio Público señaló a Rafael Núñez de Aza como el eje financiero de esta estructura, mientras que Rosy Guzmán Sánchez, en su calidad de representante de Único Real Estate, facilitaba la formalización de estas operaciones. Tras auditar los movimientos financieros, los investigadores concluyeron que no existe justificación económica para dichas adquisiciones, lo que confirma un incremento patrimonial injustificado.
El patrón detectado consistió en transformar fondos distraídos del Cusef y Cestur en propiedades, proyectos agropecuarios y sociedades comerciales. Este mecanismo, diseñado para camuflajear el origen ilícito del dinero, compromete la responsabilidad penal tanto de los imputados como de las personas jurídicas involucradas. El tribunal prosigue ahora con la exposición sobre el enriquecimiento injustificado.
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