Santo Domingo.– El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este martes la apertura de la XXXIX Reunión Ordinaria del Consejo de Ministras y Ministros de Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del Sistema de la Integración Centroamericana (CECC/SICA). Este encuentro reúne en la República Dominicana a altas autoridades culturales de la región con el firme propósito de fortalecer la cooperación regional y promover una agenda común orientada al desarrollo cultural sostenible.

Durante la ceremonia inaugural, Salcedo destacó la relevancia de este espacio de diálogo e intercambio para compartir experiencias, construir soluciones conjuntas y consolidar la cultura como un eje estratégico para el desarrollo, la integración regional y la preservación de la identidad de los pueblos. La reunión contó con la participación de delegados de alto nivel provenientes de Honduras, Belice, Guatemala, Panamá, El Salvador y Costa Rica, quienes se unieron a las autoridades dominicanas para coordinar acciones regionales.

La agenda de trabajo se estructuró a partir de una consulta previa entre los países miembros, identificando seis ejes prioritarios: la protección de los derechos de los artistas y trabajadores de la cultura, la salvaguardia del patrimonio, la generación de indicadores culturales, la descentralización de la gestión, los derechos digitales ante la inteligencia artificial y el fortalecimiento de las industrias creativas. Cada delegación expuso iniciativas exitosas, destacando proyectos como el dominicano ARTSECURE y diversos modelos de acompañamiento legal y estadístico de la región.

La jornada concluyó con la aprobación de acuerdos destinados a fortalecer la cooperación regional y establecer mecanismos permanentes de intercambio. República Dominicana presentó, además, propuestas sobre innovación cultural, el Programa Ibermedia y los preparativos para el XII Encuentro Iberoamericano de Museos, reafirmando el compromiso del país y del bloque regional con la cultura como un motor fundamental de cohesión social, integración y desarrollo económico para toda Centroamérica.

16 de junio 2026

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) presentó la emisión postal oficial dedicada a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, conmemorando el centenario de la competencia multideportiva regional más antigua del mundo.

El acto de puesta en circulación estuvo encabezado por el director general del INPOSDOM, Erick Guzmán, quien resaltó que la filatelia es una herramienta esencial para preservar la memoria histórica y proyectar los hitos que marcan la vida de las naciones.

La emisión postal No. 02-26 cuenta con 18,000 ejemplares, distribuidos en 4,500 bloques de cuatro sellos y 2,000 souvenirs, con valores faciales de RD$60.00 y RD$150.00, respectivamente. Las piezas fueron impresas en papel tropicalizado engomado y presentan una composición artística del arquitecto Alejandro Vignieri.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro, valoró la iniciativa como un legado histórico que trasciende el ámbito deportivo. Subrayó que los sellos funcionan como un símbolo de unidad e identidad entre los pueblos del Caribe y Centroamérica.

Por su parte, el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, agradeció el gesto y destacó el aporte de la filatelia para inmortalizar un evento que servirá como escenario de integración y desarrollo humano a través del deporte durante el centenario de la justa.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, contarán con la participación de 6,225 atletas de 37 países. Estos competirán en 40 deportes y 56 disciplinas, disputándose un total de 1,555 medallas.

La mascota oficial del evento es "Colí", inspirada en el ave barrancolí (Todus subulatus), especie endémica de la isla La Española que simboliza la resiliencia y hospitalidad dominicana.Santo Domingo, 

16 de junio de 2026.

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SANTO DOMINGO. – Con el objetivo de fortalecer la cooperación y consolidar mecanismos permanentes de intercambio, la República Dominicana participó activamente en la reciente jornada de trabajo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), reafirmando el papel de la cultura como motor de desarrollo e integración social.

La delegación dominicana estuvo representada por los viceministros de Cultura, Gamal Michelén, de Patrimonio Cultural, y Amaury Sánchez, de Creatividad y Formación Artística, quienes participaron en los debates clave para definir la agenda cultural de la región.

El encuentro se centró en seis ejes estratégicos, priorizados tras una consulta con los países miembros. Entre los temas destacados se encuentran: la protección de los derechos de los artistas y trabajadores del sector, la salvaguardia del patrimonio, la generación de datos e indicadores culturales, la descentralización de la gestión, así como el impacto de la inteligencia artificial y los derechos digitales en la propiedad intelectual.

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Durante la sesión, los países participantes presentaron casos de éxito. República Dominicana destacó con la presentación del proyecto ARTSECURE, una iniciativa diseñada específicamente para la protección y el fortalecimiento de los artistas y gestores culturales dominicanos.

Asimismo, el país presentó propuestas de cooperación regional vinculadas a la innovación cultural. De igual forma, se abordaron temas de relevancia internacional, como el seguimiento al Programa Ibermedia y los preparativos para el XII Encuentro Iberoamericano de Museos.

Otras naciones también aportaron al intercambio de saberes: Costa Rica expuso sus avances en el acompañamiento legal al sector cultural, mientras que Guatemala y Panamá resaltaron la importancia de los sistemas de información y estadísticas como herramientas fundamentales para medir el aporte económico de la cultura. Por su parte, Honduras, El Salvador y Belice compartieron sus estrategias para la preservación del patrimonio y las tradiciones locales.

La jornada culminó con el compromiso de aprobar acuerdos que garanticen la cooperación continua, consolidando a la cultura como un instrumento indispensable para la cohesión y el desarrollo económico de las naciones iberoamericanas.

16 de junio 2026

El Servicio Militar Voluntario (SMV) celebró la graduación de 7,962 nuevos estudiantes de su XXXIX Promoción del Programa de Formación en Valores, en un acto encabezado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, y el Director General del SMV, General de Brigada Piloto Rafael C. Acosta Sena, FARD.

Durante la ceremonia, el General Acosta Sena destacó que, en sus dos años de gestión, la institución ha graduado a 28,366 jóvenes, lo que representa un 25% de la matrícula histórica del organismo desde su fundación. Este esfuerzo, alineado a la visión del Presidente Luis Abinader, ha permitido alcanzar un total de 105,603 graduados históricos mediante la incorporación de 44 nuevos centros educativos.

La gestión actual ha logrado un incremento del 30.5% en la cobertura del programa, impactando a 144 centros educativos a nivel nacional. La promoción fue dedicada a la labor social de la Compañía de Jesús y la Fundación Fe y Alegría, reafirmando el compromiso del SMV con la formación cívica y moral de la juventud dominicana.

Al dirigirse a los graduandos, el General Acosta Sena exhortó a los jóvenes a mantener la disciplina como un estandarte de vida, enfatizando que, aunque el uniforme se retire al concluir el acto, los valores aprendidos deben permanecer como una herramienta de servicio permanente para la sociedad.

Santo Domingo, 16 de junio de 2026.

 

Ambas naciones firman un nuevo acuerdo estratégico para blindar la seguridad marítima y portuaria.

Bruselas, Bélgica – En un paso decisivo para consolidar su liderazgo internacional en la lucha contra el crimen organizado, la República Dominicana y el Reino de Bélgica formalizaron este lunes 15 de junio un Memorando de Entendimiento (MdE) centrado en la seguridad marítima e intercambio de inteligencia.

Este acuerdo refuerza la capacidad operativa de ambas naciones para prevenir y combatir el tráfico ilícito de drogas y las actividades delictivas que vulneran los entornos portuarios y el transporte marítimo internacional.

## Detalles del Acuerdo

La firma se llevó a cabo en la sede del Servicio Público Federal de Movilidad y Transporte de Bélgica, con la participación de las siguientes autoridades:

Por República Dominicana: Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa (Presidente de la DNCD), embajadora Joan M. Cedano y la ministra consejera Ellen Martínez de Cooreman.

Por el Reino de Bélgica: Emmanuelle Vandamme (Presidenta del Comité de Dirección del Servicio Público Federal de Movilidad y Transporte).

## Ejes Estratégicos de la Cooperación

El memorando establece una hoja de ruta clara para la colaboración técnica y operativa:

Inteligencia compartida: Intercambio de información sobre riesgos marítimos, tendencias del narcotráfico y análisis de alertas tempranas.

Capacitación: Desarrollo de programas conjuntos de formación e intercambio de buenas prácticas entre ambos países.

Seguridad logística: Promoción de iniciativas para proteger la integridad de la cadena internacional de suministro marítimo contra la infiltración del crimen organizado.

## Hacia un esquema de seguridad integral

Esta firma representa el segundo hito en la estrategia de seguridad bilateral del presente año, tras el acuerdo suscrito en abril entre la Policía Nacional dominicana y la Policía Federal belga.

"El Gobierno dominicano mantiene un compromiso inquebrantable con la cooperación internacional, avanzando hacia un esquema integral que, próximamente, sumará un tercer acuerdo en el ámbito aduanero", destacaron las autoridades.

Con esta alianza, tanto Santo Domingo como Bruselas reafirman que la unidad de acción y la inteligencia compartida son herramientas indispensables para hacer frente a las amenazas que plantea la delincuencia transnacional moderna.

15 de junio de 2026

 

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Javier García Fernández, llegó este martes a Nueva York para iniciar una serie de encuentros estratégicos con la dirigencia peledeísta y diversos sectores de la comunidad dominicana en Estados Unidos. El dirigente político, quien busca la nominación de su partido para las elecciones de mayo de 2028, fue recibido al mediodía por una delegación en el aeropuerto internacional John F. Kennedy.

Durante su estadía de una semana en territorio estadounidense, García Fernández desarrollará una agenda de trabajo que abarca reuniones con empresarios, comerciantes, deportistas, líderes religiosos y miembros de la sociedad civil. El objetivo central de estos contactos es socializar un plan concreto diseñado en beneficio de los dominicanos en el exterior, el cual ha calificado como una deuda social pendiente que pretende saldar de alcanzar la presidencia.

La jornada de este martes culminará con un acto masivo de juramentación de seguidores que respaldan su proyecto político. Entre los dirigentes locales que dieron la bienvenida al miembro del Comité Político del PLD se encuentran Emiliano Pérez Espinosa, Pedro Pablo Zorrilla, Luis Lighow, Frank Cortorreal, Arturo Ortiz, Jesús Casanova, Salvador Ortiz, Tovaris Bautista, Miguel Suriel, Xiomara Payano, Mercedes Collado, David Sánchez, Marcos Montilla y Darío Medina.

Martes, 16 de junio de 2026

La Dirección General de Migración (DGM) intensificó este lunes 15 de junio sus operativos de control migratorio en las zonas turísticas del sureste del territorio nacional. Con el respaldo de las instituciones de seguridad y defensa del Estado, los agentes lograron la detención de 1,233 extranjeros en condición irregular, en una ofensiva que busca reforzar la vigilancia fronteriza y la soberanía nacional bajo el mandato del presidente Luis Abinader.

En las últimas 24 horas, la provincia de Santo Domingo registró la mayor incidencia de aprehensiones con 113 personas, destacando operativos en sectores como Los Guarícanos, Villa Duarte, la Avenida España y Pedro Brand. Paralelamente, en la región Este, las autoridades realizaron jornadas de interdicción y patrullajes preventivos en La Altagracia, con 64 detenidos, La Romana con 21, y San Pedro de Macorís, zonas de alta relevancia turística.

Desde las 2:00 de la madrugada de este martes, las acciones continúan en localidades clave de Higuey, La Otra Banda, Nisibón, Bávaro, Barrio Nuevo y Machiplán. Simultáneamente, las fuerzas de seguridad mantienen el despliegue en La Romana, interviniendo puntos críticos como Guaymate, Villa Verde, San Carlos, Villa Hermosa, Savica y Villa Alacrán, además de sectores específicos en San Pedro de Macorís.

El despliegue nacional se extendió a otras provincias estratégicas. En Dajabón se contabilizaron 101 detenciones, seguido por Elías Piña con 88, La Vega con 80 y Espaillat con 71. Asimismo, se registraron intervenciones en Santiago, Pedernales, Valverde, Barahona, Montecristi y Puerto Plata, cubriendo diversos municipios y parajes para garantizar el control migratorio en todo el territorio.

Del total de 1,233 extranjeros interceptados, 298 fueron entregados a la DGM por el Ejército (190), la Policía Nacional (89) y el CESFRONT (19). En cumplimiento estricto con la Ley 285-04, las autoridades ejecutaron la deportación de 936 individuos hacia Haití, utilizando los puntos fronterizos de Elías Piña, Dajabón, Jimaní y Pedernales para el retorno de los indocumentados.

Se recuerda que estas jornadas de interdicción forman parte de las políticas migratorias constantes implementadas por el Estado dominicano, similares a operativos realizados anteriormente para reducir el exceso de población migrante irregular y fortalecer la seguridad nacional en los puntos críticos de acceso y ciudades principales del país.

16 de junio de 2026.

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El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza, tras declararlos culpables de encabezar un entramado de corrupción que desvió miles de millones de pesos del Estado dominicano. El fallo, emitido en la madrugada de este martes tras una maratónica jornada judicial, marca un precedente histórico en el procesamiento de altos oficiales de las instituciones de seguridad y defensa del país.

La decisión, adoptada por las magistradas Esmirna Gisselle Méndez (presidenta), Tania Yunes y Jissel Naranjo, concluyó que los encartados aprovecharon sus funciones directivas para operar un esquema de desfalco sistemático. Según las consideraciones del tribunal, las acciones delictivas fueron ejecutadas bajo el control directo de los imputados mientras desempeñaban funciones de mando clave en el Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), bajo la dirección de Cáceres Silvestre, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), bajo la gestión de Torres Robiou.

El Ministerio Público logró sustentar la acusación tras presentar un robusto bloque de pruebas documentales, periciales y testimoniales que demostraron la configuración de una red de malversación. La lectura íntegra de la sentencia, que inició a las 3:00 de la tarde de este lunes, culminó a las 2:22 de la madrugada de hoy martes con la imposición de las penas máximas solicitadas por los fiscales.

Durante el desglose de los esquemas financieros, el tribunal profundizó en casos específicos como el de Julio Camilo de los Santos, cuya acusación se centró en un incremento patrimonial no justificado de 65 millones de pesos, evidenciado por la compra de múltiples inmuebles en efectivo y pagos sospechosos, sugiriendo un patrón de ocultamiento de bienes. En contraste, la defensa de Guillermo Torres argumentó que los pagos recibidos, cercanos a los dos millones de pesos, correspondían a servicios legítimos de reparación vehicular para el Cestur, planteando una distinción entre irregularidades administrativas y hechos delictivos. La jornada también abordó la relación financiera entre la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Vivo y Vuelve; si bien el tribunal, por mayoría, no halló pruebas suficientes de lavado de activos en esta estructura religiosa, existió un voto disidente que cuestionó la legitimidad de las operaciones y el uso de fachadas para dar apariencia de legalidad a fondos extraídos en efectivo.

El análisis procesal se extendió a las entidades comerciales utilizadas para la consolidación patrimonial, calificando a "Único Real Estate" como una pieza clave para camuflajear la titularidad de bienes transferidos desde figuras como Cáceres Silvestre. En cuanto a la entidad "MJ3B Agroindustrial", el tribunal señaló que fue un instrumento para la colocación de capitales ilícitos, respaldado por la entrega voluntaria de propiedades y vehículos que el administrador, Erasmo Roger Pérez Núñez, reconoció pertenecían en realidad a Adán Cáceres Silvestre, a pesar de estar registrados bajo el esquema empresarial. Finalmente, el tribunal, por mayoría de votos, decidió no retener responsabilidad respecto al imputado Santiago Antonio Suárez Peguero, al considerar que no se probó su papel determinante en la gestión operativa de dichas empresas.

16 DE JUNIO 2026

 

Análisis Procesal: Caso Julio Camilo de los Santos y Guillermo Torres

Contexto del caso y enriquecimiento patrimonial

El proceso judicial actual ha revelado una serie de hallazgos financieros complejos que vinculan a los imputados en supuestas operaciones de lavado de activos y sustracción de fondos públicos. En el caso de Julio Camilo de los Santos, la acusación se centra en un incremento patrimonial no justificado, evidenciado por la adquisición de múltiples bienes inmuebles entre 2014 y 2020. Se destaca la compra de activos bajo formas de pago sospechosas, incluyendo pagos en efectivo, cancelaciones anticipadas de préstamos y adquisiciones efectuadas apenas meses después de haber operado en el mismo sector inmobiliario, lo que sugiere un patrón de ocultamiento de bienes.

Situación de Julio Camilo de los Santos

Las investigaciones señalan que este imputado, mientras ejercía funciones de alto nivel, acumuló bienes muebles e inmuebles por un valor aproximado de 65 millones de pesos. Entre las pruebas presentadas, resalta la adquisición de cuatro apartamentos en un mismo proyecto, pagados íntegramente en efectivo en una sola operación. La fiscalía argumenta que la naturaleza de estas transacciones y su vinculación con otros integrantes del entramado demuestran una intención clara de disimular el origen ilícito de los fondos.

Caso Guillermo Torres: Defensa y vinculación

Por otro lado, la situación de Guillermo Torres presenta matices distintos. Las pruebas aportadas por la defensa buscan desvirtuar la acusación de complicidad en el lavado de activos. Según los elementos analizados, los pagos recibidos por Torres —cercanos a los dos millones de pesos— se justifican como contraprestación por servicios de reparación vehicular realizados para el CESTUR, documentados a través de talleres comerciales reconocidos.

Aunque el órgano acusador sostiene que estos pagos fueron parte de un mecanismo de triangulación para beneficiar a otros miembros del entramado, la defensa enfatiza que no existen pruebas contundentes que demuestren que Torres tuviera conocimiento sobre el origen ilícito de los recursos o que participara en la estructura societaria diseñada para el ocultamiento de bienes.

Consideraciones finales del tribunal

El tribunal se enfrenta a la tarea de distinguir entre irregularidades administrativas y hechos delictivos. Mientras que en el caso de Julio Camilo de los Santos la evidencia apunta a una estructura de activos difícil de justificar bajo sus ingresos lícitos, en el caso de Guillermo Torres el debate se centra en la ausencia de pruebas que confirmen su "conocimiento a sabiendas" sobre el entramado de sustracción. La resolución dependerá de cómo se valoren estas transacciones frente al rigor de la ley penal en materia de lavado de activos.

 Avance Juicio de Fondo: Caso Coral

Durante la más reciente jornada de lectura del juicio de fondo del Caso Coral, el Ministerio Público presentó pruebas contundentes sobre la estructura financiera utilizada para la distracción de fondos públicos y su posterior blanqueo. Se detalló cómo inmuebles adquiridos originalmente por figuras como Adán Cáceres y otros imputados eran transferidos a nombre de Único Real Estate para ocultar la verdadera titularidad de los bienes.

El Ministerio Público señaló a Rafael Núñez de Aza como el eje financiero de esta estructura, mientras que Rosy Guzmán Sánchez, en su calidad de representante de Único Real Estate, facilitaba la formalización de estas operaciones. Tras auditar los movimientos financieros, los investigadores concluyeron que no existe justificación económica para dichas adquisiciones, lo que confirma un incremento patrimonial injustificado.

El patrón detectado consistió en transformar fondos distraídos del Cusef y Cestur en propiedades, proyectos agropecuarios y sociedades comerciales. Este mecanismo, diseñado para camuflajear el origen ilícito del dinero, compromete la responsabilidad penal tanto de los imputados como de las personas jurídicas involucradas. El tribunal prosigue ahora con la exposición sobre el enriquecimiento injustificado.

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La reciente jornada de lectura de la sentencia del caso Coral ha puesto el foco en uno de los puntos más debatidos del proceso: la relación financiera entre la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Vivo y Vuelve. El Ministerio Público ha mantenido la tesis de que los cheques emitidos mensualmente, con montos que oscilaban entre los RD$ 200,000 y RD$ 300,000, funcionaban como un mecanismo de retorno de fondos ilícitos hacia el imputado Adán Cáceres Silvestre, utilizando como fachada a la esposa de Santiago Antonio Suárez.

Al respecto, la mayoría de los jueces del tribunal consideró que, tras un examen exhaustivo de las pruebas documentales aportadas —que incluyeron los cheques originales, listados de cédulas y recibos firmados por diversos pastores—, no se pudo establecer con la certeza necesaria que se tratara de una operación de lavado de activos. Según este criterio mayoritario, los fondos estaban destinados a un proyecto de apoyo a PYMES y a la asistencia de distintas congregaciones religiosas, y no existen pruebas contundentes de que el dinero regresara al patrimonio del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial.

Sin embargo, esta postura no fue unánime. El voto disidente dentro del tribunal marcó una diferencia sustancial al cuestionar la legitimidad de las operaciones. Según esta perspectiva, el lavado de activos no debe limitarse únicamente a la ruta circular del dinero, sino que también abarca la integración de capitales ilícitos en el comercio legítimo, la inversión en bienes y servicios personales, y el uso de fachadas religiosas para dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero que, en ocasiones, eran extraídas íntegramente en efectivo por ventanilla.

El voto disidente enfatizó que la falta de información financiera transparente de la entidad, sumada a movimientos bancarios que incluían depósitos millonarios en efectivo y la administración irregular de inmuebles bajo la figura de una institución sin fines de lucro, sugería un esquema de ocultamiento. Para esta parte del tribunal, la estructura de la iglesia servía de canal para dispersar fondos que, en última instancia, beneficiaban a los integrantes del entramado, desvirtuando la naturaleza altruista que se intentaba proyectar.

La audiencia concluyó con la transición hacia el análisis de "Único Real State e Inversiones", entidad calificada por la parte acusadora como la piedra angular en la tenencia de los bienes incautados. Este nuevo bloque de la lectura promete arrojar más luces sobre cómo la estructura criminal logró consolidar su patrimonio y la compleja red de empresas utilizadas para la distracción de los fondos públicos.

SANTO DOMINGO. – Durante la lectura del veredicto del caso Operación Coral, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Esmirna Gisselle Méndez Álvarez, ha comenzado a desglosar los esquemas financieros utilizados por los imputados, centrando su atención en la persona jurídica MJ3B Agroindustrial, vinculada al mayor general Adán Cáceres Silvestre.

En su lectura, el tribunal señaló que esta entidad fue utilizada como un instrumento para la colocación de capitales ilícitos. La jueza Méndez Álvarez detalló que, a nombre de MJ3B Agroindustrial, figuraban múltiples propiedades inmobiliarias y vehículos que no pudieron ser justificados mediante actividades lícitas.

Un punto clave destacado por la magistrada es que el imputado Erasmo Roger Pérez Núñez, en su calidad de administrador de la citada empresa, entregó voluntariamente al inicio de la investigación cuatro propiedades inmobiliarias y varios vehículos, los cuales reconoció que pertenecían a Adán Cáceres Silvestre, a pesar de estar registrados bajo el esquema de la empresa. Según el tribunal, este acto constituye un indicio contundente de la vinculación directa entre el imputado, la empresa y el entramado de activos del exjefe del Cusep.

En cuanto a la participación operativa, el tribunal, por mayoría de votos, decidió no retener ninguna vinculación respecto al imputado Santiago Antonio Suárez Peguero. Los jueces entendieron que, durante el proceso, el Ministerio Público no pudo probar que Suárez Peguero tuviera un papel determinante en el órgano de gestión o en la administración operativa de MJ3B Agroindustrial.

La lectura del fallo continúa desarrollándose en el tribunal, donde se espera que los jueces detallen la responsabilidad penal de cada uno de los implicados en este entramado de corrupción administrativa.

15 DE JUNIO 2026