Por: Darío Mañón
Mirando los Cuarteles
SANTO DOMINGO ESTE. – Mientras la aviación comercial en la República Dominicana experimenta un crecimiento exponencial en conectividad y nuevas operaciones, diversos sectores de la industria aeronáutica han alzado su voz de alerta ante lo que consideran un preocupante retroceso en materia de seguridad, fiscalización y transparencia institucional. Expertos y profesionales del área advierten que la presunta inobservancia de los perfiles técnicos exigidos por normativas nacionales e internacionales está generando vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad operacional del país.
El punto de mayor fricción, que ha generado un amplio malestar tras el reciente accidente aéreo del pasado domingo, es la estructura actual de la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA). Voces dentro del sector han señalado como una anomalía procedimental que el actual director de dicha comisión se encuentre, paralelamente, bajo investigación activa por un siniestro previo que aún permanece sin conclusión definitiva.
La preocupación del sector: ¿Quién investiga a quién?
Para los gremios y técnicos consultados, resulta una contradicción que el funcionario llamado a liderar las pesquisas y, eventualmente, a responder ante organismos internacionales como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (NTSB)— sea la misma persona vinculada a expedientes de investigación pendientes. Según señalan especialistas, esta dualidad técnica vulnera el espíritu del Anexo 13 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y contraviene lo estipulado en la Ley de Aviación Civil No. 491-06 sobre los requisitos técnicos de idoneidad para ocupar posiciones de mando en los órganos reguladores (IDAC, JAC y CIAA).
El reclamo: Agilidad y transparencia en los informes
El descontento del sector no se limita a las designaciones, sino a la dilatación histórica en la entrega de informes finales sobre siniestros. La industria subraya que, a nivel internacional, la investigación de accidentes es una herramienta de prevención vital, mientras que en la República Dominicana se percibe un patrón de retrasos que impide la implementación de mejoras correctivas.
El precedente: Se cita como ejemplo el caso Helidosa (2021), donde, tras años de la tragedia, el país continúa a la espera de un reporte final definitivo, una espera que el sector califica de inaceptable.
La ineficiencia reportada: Pilotos y técnicos denuncian que accidentes de menor envergadura, como el que involucró al Dr. Douglas Ureña, han enfrentado demoras de hasta cuatro años para obtener informes preliminares, lo que alimenta la percepción de una gestión negligente.
Llamado de atención a las autoridades
La postura unificada de los actores del sector aeronáutico es clara: la aviación nacional no puede avanzar si las designaciones y la operatividad de los organismos de control se perciben como desvinculadas de la estricta meritocracia técnica. Ante la falta de respuestas, la comunidad aeronáutica exige al Estado garantizar que la seguridad de los cielos sea manejada por profesionales con la trayectoria y el perfil académico que el complejo mundo de la aviación requiere, exigiendo el fin de los procesos estancados y una reestructuración que devuelva la confianza en la investigación de accidentes en el país.
10 de junio 2026
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