La fiscal una garantía económica a pesar de la gravedad del caso
La Oficina de Atención
Permanente del Distrito Nacional envió ayer a
prisión preventiva por un año
como medida de coerción a una mujer, acusada por el Ministerio Público de
estafar con 265 millones 481 mil 981 pesos con 22 centavos a ahorrantes de tres
entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Fiscalía del Distrito
Nacional a pesar de la gravedad del caso pidió como medida de coerción una
garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento
de salida. El magistrado que presidió la audiencia entendió que Aida Ramos de
Hernández, permaneciera en prisión.
Cumplirá la prisión en el Centro de Corrección y
Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
La imputada, según consta en
Registro Mercantil, se desempeñó como gerente de operaciones de esas entidades
y tenía autorización para firmar en representación de las mismas.
El expediente detalla que Ramos
de Hernández se asoció con otros
accionistas de las sociedades comerciales investigadas para conformar un
esquema tendente a realizar intermediación financiera no autorizada a través de
las citadas entidades, cuyo objeto social era el financiamiento de vehículos y
otros bienes e inmuebles. Poseían domicilio social y de operaciones en el
ensanche Naco, del Distrito Naciona
Ramos de Hernández cometió
los hechos en asociación con Alain José Gómez, quien, en marzo de 2020, antes
de que las víctimas presentaran las querellas, huyó del país hacia Cuba y desde
ahí hacia Rusia.
La titular de la Dirección
Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público,
fiscal Karina Concepción Medina, dijo que su sometimiento se realizó con base
en evidencias que les vinculan a los delitos de estafa, uso de documentos de
comercio falsos y lavado de activos, así como a la asociación de malhechores
para el uso de los documentos falsos y el lavado de dinero.
En la instancia con la
solicitud de medida de coerción, la Dirección Nacional de Investigaciones de
Delitos Financieros detalla que abrió una investigación en contra de las
sociedades comerciales Metrocrédito, S.R.L, Mercabanc, C. por A. y Metrocar,
S.A.S, representadas y dirigidas, entre otros, por Ramos de Hernández, debido a
que en el período comprendido entre los meses de marzo y noviembre de 2020
fueron presentadas en su contra la cantidad de 39 acciones penales por los
indicados delitos.
A través del esquema
societario, Ramos de Hernández junto con otros accionistas además utilizó esas
sociedades para hacerles creer a las
víctimas que tenían la autorización de la Junta Monetaria para hacer la
intermediación financiera, ofreciéndoles recibir sus ahorros a través del
instrumento de captación denominado “papel comercial”, con el objetivo de
cederlos a terceros en calidad de préstamos, para recibir ganancias con tasas
de interés anuales que oscilan entre un 4 y un 18 por ciento.
La magistrada Concepción
Medina junto al fiscal Carlos Vidal, durante la audiencia para el conocimiento
de la medida de coerción, presentó diferentes pruebas que vinculan a la
imputada al caso.
Aida Margarita Ramos de
Hernández, fue arrestada cuando era interrogada en la Dirección Nacional de
Investigaciones de Delitos Financieros del Ministerio Público.
Los fiscales Carlos Vidal
Montilla y Karina Concepción Medina, en
la solicitud de la medida de coerción indican que la imputada presenta peligro
de fuga, ya que no compareció a la
citación realizada por el Ministerio Público en su domicilio de la calle Camila
Henríquez, número 23, condominio Ariel V, tercer piso, Mirador Norte.
“Por lo que a través de ese comportamiento evasivo,
se desprende la falta de voluntad de la imputada a someterse a la persecución penal”, indican en la solicitud de medida y a pesar de eso
insistían en que se le impusiera una garantía económica.
Las financieras dedicadas
para captar ahorrantes ofrecía una alta tasa de beneficios que pagaba un
interés de hasta un 18%.
Unas 39 querellas penales por
estafa, abuso de confianza, falsificación de escritura de comercio, uso de
documento de comercio falso, asociación
de malhechores, falsedad en los datos suministrado al Registro Mercantil y
lavado de activos, son parte de los ilícitos penales.
23 de mayo 2021
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