El Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), bajo la dirección del mayor general Téc. de Aviación, Carlos Febrillet Rodríguez, FARD recibió un reconocimiento de parte de la aerolínea venezolana, Turpial Airlines.

La línea aérea agradeció al CESAC, por su valiosa colaboración, compromiso y solidaridad durante estos 5 años.

La entrega de la placa fue hecha por los ejecutivos de la línea aérea, Sr. Rafael Torres, director de operaciones; el Sr. Francisco Torres, vicepresidente de la aerolínea y la ingeniera Ysnie Tovar, jefe de estación de Santo Domingo.

11 de abril 2022

Santo Domingo.- En el marco del fortalecimiento en la lucha y persecución contra el narcotráfico, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana y agencias de inteligencia del Estado, coordinados por miembros del Ministerio Público, confiscaron 810 paquetes presumiblemente cocaína, en medio de un operativo de interdicción marítimo y terrestre, desplegado en las costas de San Pedro de Macorís.

Los agentes de la DNCD y efectivos militares, recibieron una alerta de que los ocupantes de una lancha rápida tipo Gofast, pretendían introducir una indeterminada cantidad de drogas al país, lo que activó de inmediato las unidades de reacción táctica.

Posteriormente, las autoridades, iniciaron un amplio operativo, al suroeste de las costas de la referida provincia, interceptando una embarcación de aproximadamente 28 pies de eslora, con tres dominicanos a bordo, en cuyo interior se incautaron 27 sacos conteniendo los 810 paquetes de la sustancia.

“Se ha determinado que los individuos llegaron a costas dominicanas a bordo de la embarcación procedente de Sudamérica” señala el comunicado de prensa.

En la operación conjunta, que duró poco más de 12 horas, se ocuparon además, dos motores de 100 Hp cada uno, un teléfono satelital, un GPS, una neverita con agua y comestibles, dos tanques y 19 garrafones de combustibles.

El Ministerio Público, la DNCD y la Armada, amplían el proceso investigativo para determinar si hay otros implicados en esta estructura criminal, para apresarlos y ponerlos a disposición de las autoridades.

Los tres detenidos, que serán identificados oportunamente, están siendo entregados al Ministerio Público de San Pedro de Macorís, que le conocerá medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88.

La DNCD resalta el firme y decidido apoyo de las Fuerzas Armadas (Armada, Fuerza Aérea, Ejército) La Procuraduría, la Policía y agencias de inteligencia del Estado, cooperación que ha sido determinante para asestar golpes importantes a redes de narcotráfico nacional e internacional, que intentan utilizar nuestro territorio para sus actividades criminales.

Los 810 paquetes están siendo enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) que determinará en sus análisis el tipo y peso exacto de la sustancia.


















Lunes 11 de abril, 2022.-

 La Dirección General de Tránsito y Transporte (Digesett) destituyó a la encargada del Canódromo, coronela Ysabelita de los Santos Pérez, luego de que se registraran en ese lugar atropellos contra reporteros de varios medios de comunicación, y contra el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa y su equipo.

En su lugar el director de la Digesett, Ramón Guzmán, nombró al teniente coronel Hipólito Rijo Santana como comandante interino del departamento del Centro de Retención Vehicular “El Coco”.

Esta destitución se ejecutó luego de que Ulloa decidiese realizar una visita al Canódromo, cuando este iba a realizar una inspección, fue acompañado por la presan y reciberon agresiones por parte de los agentes. 

El defensor del pueblo junto a miembros de su equipo, periodistas, camarógrafos y varios miembros de la prensa además fueron despojados de sus pertenencias personales y de trabajo. 

Ulloa visitó el Canódromo luego de que se publicara en Listín Diario un artículo en el que se manifestaron las actuales condiciones del lugar y la forma en la que eran tratados los ciudadanos en la institución.

11 de abril 2022

 Fuente/Listin Diario

La Ley 19-01 que instituye el Defensor del Pueblo, le da potestad a su director, en este caso Pablo Ulloa, a inspeccionar cualquier oficina pública “sin previo aviso”

Tras el suceso que ocurrió la mañana de este lunes, en el cual Ulloa, sus colaboradores, y miembros de la prensa fueron agredidos por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), esta entidad argumentó que “no hubo aviso previo” para escudarse en el accionar de sus miembros.

No obstante, y amparándose en lo que dice la ley, Pablo Ulloa indicó que informó a los agentes de la Digesett que se encontraban en el Centro de Retención Vehicular “El Coco”, lo que establece la pieza sobre la potestad que tiene su institución.

Específicamente, el artículo 3 de la Ley número 19-01 establece que: “En el ejercicio de su ministerio, el Defensor del Pueblo estará investido de plenos poderes y facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del sector público y de las entidades no públicas que prestan servicios públicos”.

Pero, de manera más específica, el párrafo 1 de la citada ley aclara que: “El Defensor del Pueblo o sus Adjuntos podrán inspeccionar las oficinas públicas y aquellas entidades prestadoras de servicios públicos, sin previo aviso, y requerir de ellas todos los documentos e informaciones necesarias para materializar su labor, los cuales les serán suministrados de forma gratuita”.

Durante la inspección al Canodromo, como se conoce popularmente el centro de retención vehicular, fueron agredidos miembros de este medio, de CDN canal 37, así como Pablo Ulloa y sus colaboradores.

Tanto al equipo de este medio como al de CDN le fueron retenidos equipos de trabajo y de uso personal que aun están en poder de las autoridades de la Digesett.

 

Fuente/Pedro Sánchez
LA ROMANA. La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) ganó los cuatro relevos y repitió un hecho inédito para conquistar el torneo de atletismo de los 51 Juegos Deportivos Militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

 Fuente/Listin Diario

Ramón Cruz Benzán

Santo Domingo, RD

 El titular de la Direccion General de Seguridad de Tránsito y Transporte Te­rrestre (DIGESETT), ge­neral de brigada Ramón Antonio Guzmán Peral­ta, ha declarado que exis­ten protocolos para hacer la entrega de los vehículos que se encuentran reteni­dos en el Centro de Reten­ción Vehicular (Canódro­mo).

Guzmán Peralta conside­ra que todos los afectados con motocicletas y otros vehículos llevados al Ca­nódromo solo tienen que demostrar, con la docu­mentaciones de lugar, que las unidades son de su pro­piedad, y luego realizar el pago de la multa, en caso de que si aplicare en su ca­so, para proceder con la en­trega, advirtiendo de que, si no cumplen con esos requi­sitos, “no les pueden ser en­tregados”.

Descartó que la institución tenga trabas para entregar los vehículos que se encuen­tran retenidos en el Canó­dromo, como han alegado algunos sectores.

El titular de la Digesett sos­tuvo que cuando los vehícu­los y motores pasan más de dos años retenidos, ya el ca­so no es responsabilidad de esa Dirección, sino del Ins­tituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (In­trant) que tiene la facultad de subastarlos, con la pre­via autorización del Poder Ejecutivo.

Precisó que, en los casos normales, si el Ministerio Público dispone la salida de esas undiades, entonces son entregadas por la Di­gesett, que es el organismo garante de los vehículos re­tenidos.

Un equipo del LISTÍN DIA­RIO visitó las instalaciones del Canódromo, ubicado en la intersección de las aveni­das República de Colombia y Monumental, y pudo ob­servar las deficiencias en la atención y la gran canti­dad de vehículos retenidos que procuran conductores durante días, sin ningún resultado, contribuyendo al desorden que prevalece en el Centro de Retención Ve­hicular.

Sin embargo, se encontró allí un ambiente tenso debido a la gran multitud en las afueras del Canódromo, la mayoría molestas y des­esperadas por la tardanza en la entrega de los vehículos, algunos alegando incautaciones injustifica­das.

Las primeras personas llegaron al centro cerca de las 5:00 de la mañana, según contaron, y no fue hasta las 9:00 cuando comenzaron a “recibir” los servicios, aunque permanecían en el lugar, sin encontrar solución alguna.

Al Canódromo llevan vehículos incautados a causa de infracciones u otros in­convenientes. Todo el pro­ceso de lo que pasará con los vehículos se hace con la Digesett, incluido el pago de las multas.

Cuando todo el proceso requerido es agotado, esa ins­titución es la encargada de entregar el vehículo.

Dentro del lugar hay autos, motocicletas y otros medios de transporte de todo tipo y tamaño.

Incluso, hay un edificio de tres plantas repleo de motocicletas. Lleno tanto de árboles como de vehículos, muchos de ellos se ven en condiciones deplorables y arropados por los arbustos. Toda esa zona ocupa un gran espacio y allí se encuentran los vehículos que han sido confiscados por al­guna razón.

Una lluvia de quejas

El ciudadano Reyes Abreu dijo que su motocicleta fue confiscada el pasado vier­nes, porque él circulaba con la licencia de su hijo, pero hasta ayer no lo había re­cuperado. “Hasta el acta de nacimiento de mi abuela traje yo hoy”, contó con sar­casmo.

 SEPA MÁS

DATO

Sin multas.

Pero hay otro problema serio. Las patrullas lle­van al Canodromo los motores, sin multa al­guna, por lo que tienen que registrarlas en el sis­tema. Una gran parte de esos hombres fue visto haciendo fila para pagar una multa y averiguar por qué el motor fue en­viado al Canódromo, ya que algunos ignoraban la razón.