El Poder Judicial encabezado por su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, saludó la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, del Proyecto de Ley de uso de medios digitales en el PJ, iniciativa que busca habilitar y regular el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos judiciales y administrativos de este poder del Estado.

Con su aprobación se permitirá la tramitación en línea para abogados y ciudadanos, realizar audiencias virtuales con excepción de la materia penal, uso de la firma digital para jueces, juezas y servidores judiciales, la creación y disposición al público del expediente electrónico y otras facilidades y ventajas que la transformación judicial ha hecho posible. 

La opción de los medios electrónicos para tramitar en el Poder Judicial amplía los canales de servicio, permite observar el funcionamiento de los tribunales y la trazabilidad desde la entrada de los expedientes hasta su entrega, impactando positivamente en la eficiencia, la transparencia y una mejor administración de justicia. 

Esta propuesta fue remitida por los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia en octubre del año pasado, siendo esta la primera vez que el alto tribunal utiliza su facultad de iniciativa legislativa reconocida por la Constitución de la República.  

Es justo reconocer y ponderar la labor del presidente de la Cámara de Diputados, diputado Alfredo Pacheco, del presidente de la Comisión Especial, diputado Víctor Fadul y los integrantes de la Comisión Especial para su estudio.  

La aprobación por parte de la Cámara de Diputados es un claro indicio de que el país tiene conciencia del impacto de las tecnologías en lograr una Justicia eficiente, inclusiva y confiable.  

La habilitación de los trámites digitales surgió en respuesta a la pandemia, aunque su planificación estaba pautada desde 2019, en la Planificación Estratégica Visión Justicia 20/24. El proyecto abona al cumplimiento de la misión del Poder Judicial, siendo una propuesta indispensable para garantizar la celeridad y economía procesal necesarias para asegurar una justicia al día para garantizar la dignidad de las personas. Hoy pasa a una segunda etapa en su camino hacia convertirse en Ley: deberá ser conocido por el Senado de la República. 

El uso de la tecnología en la administración de justicia permitirá brindar un servicio óptimo inspirado en las obligaciones de tutela judicial efectiva y debido proceso 

contenidos en el artículo 69 de la Constitución dominicana. Se exhorta a todo el sector justicia y la ciudadanía en general a respaldar esta pieza legislativa que aporta a la mejora continua del servicio de justicia, optimizando la gestión judicial tal como demanda la sociedad dominicana. 

15 de junio 2022

 

La Armada de República Dominicana despidió este martes 14 de junio al Patrullero de Altura “Alm. Didiez Burgos”, PA-301, y al Buque Escuela “Alm. Juan Bautista Cambiaso”, BE-01, con una tripulación a bordo que incluye a 32 guardiamarinas de la institución naval y 3 cadetes del Ejército, Fuerza Aérea y Policía Nacional, respectivamente, quienes participan en el crucero internacional de instrucción para guardiamarinas “Verano 2022”, que visitará la ciudad de New York, NY, EE. UU., del 2 al 6 de julio del presente año. 

El acto, realizado en el apostadero naval de Sans Soucí, estuvo encabezado por el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD, ministro de Defensa, acompañado del comandante general de la Armada, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández, y contó además con la presencia de miembros del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, miembros de la institución y familiares de los participantes en el referido crucero.

En sus palabras, el vicealmirante Betances, además de desearles a los caballeros y damas guardiamarinas participantes en el mismo, buen viento y buena mar, los exhortó a sacar el mejor provecho posible y poner en práctica los conocimientos adquiridos en navegación, cinemática naval, maniobras de buque y de sondeo, entre otros tópicos; ya que esto forma parte del Plan Estratégico Institucional y da cumplimiento a los propósitos de la educación continua de los miembros de las Fuerzas Armadas en aras del fortalecimiento de la doctrina naval y la listeza operacional.

“La Armada de República Dominicana, reitera su agradecimiento al excelentísimo señor presidente constitucional de la república, Luis Rodolfo Abinader Corona, autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por su extraordinario apoyo a la institución, que se refleja en la mejoría de nuestra listeza operacional, lo cual nos permite cumplir con nuestra misión de defender y proteger los intereses marítimos del Estado dominicano”, agregó el comandante general.

En esta navegación los cursantes pondrán poner en práctica sus conocimientos marineros obtenidos en las aulas de la Academia Naval “Valm. César A. de Windt Lavandier”, además de participar en actividades y visitas profesionales, culturales y sociales, para aumentar su conocimiento y acervo cultural, así como también, promover nuestro país en aguas extranjeras. 

Este crucero internacional de instrucción, que comenzó el martes 14 de junio y tiene como destino la ciudad de New York, concluirá con el retorno de las embarcaciones al apostadero naval de Sans Soucí el lunes 18 de julio de 2022, después de haber navegado 30 días en ambas trayectorias.

15 de junio 2022

 

Calificó como ilógico e inexplicable que el Congreso Nacional conozca este proyecto de Ley a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la justicia virtual contenida en varios de sus artículos

Santo Domingo, República Dominicana. - Decenas de juristas  miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizaron una vigilia al frente del Congreso Nacional, en rechazo de la aprobación en primera lectura del Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales por parte de la Cámara de Diputados, alegando que el mismo legalizara el cierre y las limitaciones del sistema de justicia e incrementará los niveles vulnerabilidad y deficiencia de estos servicios en perjuicio de la población. 

 

Miguel Surun Hernández, presidente del CARD y vocero de los presentes, afirmó que con esa iniciativa legislativa se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia, se legaliza la entrega de pruebas de manera virtual, lo que hace más vulnerable los procesos y violenta los derechos de los usuarios del sistema. 

Surun Her
nández calificó como sorprendente que el Congreso Nacional esté conociendo un Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales a pesar de que el Tribunal Constitucional declaró como inconstitucional varios aspectos de la justicia virtual, mediante la sentencia TC/0286/21.

El jurista recordó que a través de dicha sentencia el TC estableció que la presencia física de las partes en la audiencia es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Constitución de la República. 

“El Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en sus artículos 11, 12, 13, 14 también pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución”, denunció el gremialista.

Los abogados en vigilia indicaron que se aspira, además, eliminar el requerimiento judicial de un expediente físico para cada proceso judicial, con las pruebas originales en los que las partes sustentan sus alegatos, mediante la instauración del supuesto expediente digital, el cual solo constará de documentos escaneados, es decir en fotocopia, lo que abre las puertas a todo tipo de fraudes, mediante la suplantación digital de sellos y firmas, falsificación de documentos escaneados, pues las partes no tendrán que depositar sus originales, y los jueces podrán dictar sentencia en base a esas fotocopias, lo que calificaron como grave.

Audiencias virtuales 

Asimismo, señalaron que dicho proyecto consagra el derecho en favor del Poder Judicial de instaurar las audiencias virtuales obligatorias en todas las materias por causa de “fuerza mayor” con lo cual, por cualquier razón, hasta por falta de recursos, se podría imponer el cierre de todos o parte de los tribunales, lo cual constituye una suplantación del poder Constitucional del Congreso Nacional, de declarar Estado de Excepción.

“Nosotros como institución no estamos en contra de la tecnología, de hecho estuvimos de acuerdo en algunos aspectos, pero si las partes por escrito lo aceptan con la celebración de audiencias virtuales en todas las materias, exceptuando la penal, pero nunca con la imposición de una Justicia virtual, donde para su acceso se requiera tener luz, impresora, computadora e internet, estableciendo límites y desigualdad en los usuarios del sistema de justicia, lo cual es violatorio al artículo 69 de la Constitución que habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en ese proyecto se violentan", expresó el vocero del Colegio de Abogados.

Surun Hernández asimismo denunció que la pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales, con lo que también se viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.

Gonsecuencias fatales 

“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un juez” explicó Surun Hernández.

En ese sentido, precisó que la iniciativa viola los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Procesal Penal, de Trabajo y otros.

El presidente del Colegio de Abogados advirtió que bajo ningún concepto el Card que agrupa a más de 70 mil abogados,  aceptará que se establezca el acceso virtual de manera exclusiva, por lo que continuarán la lucha hasta que se cumpla con lo que establece la Carta Magna.

La Policía Nacional apresó a uno de dos hombres acusados, presuntamente, de herir con armas de fuego y cortopunzante a tres personas, en hechos por separado, ocurridos en la provincia Duarte.

Se trata de Francis Antonio Infante Polanco (a) El Cata, arrestado mediante la ficha número 00141-2019 de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte.

El detenido es acusado de, en un primer caso, de ser uno de los presuntos autores, junto a un tal “Mello”, de herir a dos personas, cuando éstos, el pasado año 2021, se encontraban ingiriendo compartiendo en un sitio de expendio de bebidas alcohólicas.

Detalla que el hecho se produjo cuando los heridos intervinieron en la pelea de dos mujeres y en esos instantes “Mello” (prófugo) realizó varios disparos, hiriendo a uno de los lesionados durante la trifulca.

También, en otro caso, con la orden de arresto número 00478-2021, Infante Polanco (a) El Cata es acusado de, supuestamente, causarles una herida con un arma de fuego a otra persona, motivados a viejas rencillas personales, de acuerdo a una nota informativa fechada el 16 de mayo del 2021.

El apresado fue puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes, mientras se continúan las labores para apresar al apodado “Mello”, con el fin de que responda por los hechos que se les imputa

14 de junio 2022

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El 2do Teniente Robinson Candelario Varela FARD, realizó satisfactoriamente su primer vuelo solo luego de haber cumplido los requerimientos establecidos en la fase inicial del curso de aviación, que imparte la Dirección de Formación y Capacitación Aeronáutica (DIFOCAA). 

Al aterrizar, el joven oficial fue recibido por el Coronel Piloto Francisco De Los Santos Álvarez FARD, Director de la DIFOCAA y su instructor el Mayor Piloto Carlos Ruiz Solano FARD, al igual que algunos de sus compañeros y oficiales aviadores que laboran en dicha escuela.

14 de junio 2022

 

 

Fuente-Listin Diario

La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, expresó que no se puede actuar “administrando justicia para las gradas” y que por el contrario se debe tomar distancia de “todo lo que le gritan por ahí”.

La magistrada hizo esta acotación al referirse a la paralelidad que existe entre el derecho de castigar por parte del Estado y los derechos del acusado de infractor en cuanto a su condición de persona, uno de los temas abordados durante su conferencia “Las funciones del Ministerio Público desde el punto de vista constitucional”, en la IX edición de la Feria Lex Unibe 2022.   

En el marco de la actividad que organiza la Universidad Iberoamericana (Unibe), Germán Brito resaltó la importancia de  la aplicación de medidas no privativas de libertad a los fines de posibilitar un mayor equilibrio entre el derecho estatal a castigar y los derechos individuales de los que infringen la ley penal.

“Usted no puede escoger mi canalla favorito y a ese le bajo, como dicen los muchachos, la pesada”, manifestó la procuradora.

 Miriam Germán Brito indicó que solo ejerciendo de manera cuidadosa la acción penal y respetando las garantías, se garantiza una mayor credibilidad cuando se producen los resultados.

Asimismo, la principal representante del motor de los procesos penales, el Ministerio Público (MP), expresó que el control de la criminalidad es más que la judicialización de los casos y que se trata de un instrumento que cumple con “los fines esenciales de un Estado social y democrático de derecho”.

La procuradora dijo, además, que una lucha eficiente contra la criminalidad requiere de la combinación de instrumentos diferentes, por lo que los mecanismos de investigación penal, la estrategia de descongestión penal, la utilización de salidas alternas, la atención a las víctimas y testigos, los estudios criminológicos sobre la causa de la criminalidad y los efectos prácticos de las normas penales, deben ser parte esencial de una política criminal democrática.

“Que por el contrario, las estrategias tradicionales quedarían fuera de contexto”, agregó.

De igual modo, Germán Brito enfatizó que el proceso penal es solo una de las opciones con las que cuenta el Estado para resolver los conflictos y “no necesariamente es el medio más efectivo”.

En ese sentido, dijo que el MP debe seleccionar dentro de una serie de alternativas de la política criminal dependiendo del caso concreto y tras realizar ponderaciones, político-criminal, de los intereses en juego y las posibilidades de generar armonía por encima de la vigencia del derecho objetivo.

“Esto quiere decir que los fines de convivencia pacífica del Estado, bien se pueden  lograr mediante mecanismos diferentes a la coerción penal”, argumentó la magistrada, al tiempo que subrayó que con esas declaraciones no se refería a delitos de gravedad extrema o de un perjuicio enorme contra la sociedad.

Expuso, también, que como “acusar implica una gran responsabilidad” por los efectos mismos de la pena, requiere de actuaciones con “una enorme carga de sensatez, proporcionalidad y racionabilidad”.