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sábado, 1 de diciembre de 2012

Corte condena otra vez a RD por la muerte a siete inmigrantes haitianos a manos del Ejército


-La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó nuevamente a la República Dominicana, esta vez  por “el uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza”,
en un hecho que costó la vida a siete inmigrantes haitianos a manos del Ejército en la comunidad de Guayubín, la madrugada del   18 de junio del año  2000.

En “La Matanza de Guayubín”, como se conoció la tragedia, miembros del Ejército dominicano asesinaron a los haitianos Fritz Alce, Ilflaudia Dorzema, Nadege Dorzema, Jacqueline Maxime, Pardis Fortilus y Roselene Thermeus y al dominicano Máximo Rubén de Jesús Espinal, indica el fallo de la CIDH.

 La masacre se produjo cuando militares dispararon contra varios inmigrantes que viajaban en la parte trasera de un camión, luego de que el conductor desobedeciera una orden de que se detuviera.

 Los militares iniciaron la persecución y disparaban sus fusiles contra el camión cargado de haitianos. Finalmente le dieron alcance, impactándolo hasta volcarlo. Al menos cinco personas ya estaban muertas, otros dos murieron cuando intentaron huir, varios fueron baleados.

No obstante la trascendencia del caso, ninguna persona civil o militar fue condenada en República Dominicana, a pesar del reclamo de los grupos defensores de los inmigrantes.

El caso fue llevado entonces ante la CIDH, donde se conoció como “Nadege Dorzema contra República Dominicana” o “La masacre de Guayubín”.

La Corte concluyó que el Estado dominicano violó el derecho a la vida de las víctimas, además de que provocó que el caso quedara impune.

Delegación de Amnistía Internacional

Una delegación de Amnistía Internacional está en el país y se reunirá  hoy  a las 9:00 de la mañana con el presidente Danilo Medina.

La delegación  integrada por Javier Zúñiga, asesor; Chiara Liguori, investigadora, y  Robin Guittard, encargado de campañas, se reunirá además con representantes de la sociedad civil  para discutir la situación de derechos humanos.

En particular, contribuirán al debate sobre la reforma  policial, aportando propuestas concretas sobre cómo desarrollar una fuerza policial más efectiva y más respetuosa de los derechos humanos.

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