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febrero 01, 2015
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Santo Domingo, (EFE).- Miles de extranjeros,
en su mayoría haitianos, que permanecen en situación irregular en
República Dominicana podrían tener mañana domingo, cuando vence el plazo
de una ley especial de naturalización, su última oportunidad de
resolver su estatus migratorio.
La ley, una de varias iniciativas del Gobierno
para definir la situación de miles ciudadanos en condición irregular,
entró en vigor en mayo del año pasado y fue aplaudida por sectores
internacionales y nacionales tradicionalmente defensores de los derechos
de inmigrantes haitianos residentes en el país.
La iniciativa establece un régimen especial en
beneficio de hijos de madres y padres extranjeros no residentes, nacidos
en el territorio nacional entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril
de 2007 asentados en los libros del Registro Civil dominicano en base a
documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al
momento de la inscripción.
También, para aquellos hijos de padres extranjeros
en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no
figuran inscritos en el Registro Civil.
Las autoridades del Ministerio de Interior y
Policía, a cargo de la ejecución de la ley, aseguraron ayer que 6.937
personas se acogieron a la medida, una cifra muy por debajo de las
60.000 personas que grupos de la sociedad civil habían pronosticado se
inscribirían.
La ley 169-14 en realidad fue votada para un
máximo de seis meses, por lo que debió concluir en octubre pasado, pero
diferentes sectores locales e internacionales y el propio Gobierno
haitiano solicitaron una prórroga y República Dominicana extendió su
plazo por otros 90 días que concluyen mañana.
El abogado Wade McMullen, del Centro de Derechos
Humanos Robert F. Kennedy, indicó en entrevista telefónica con EFE desde
Estados Unidos, que la ley de naturalización dominicana es una
"solución defectuosa" que "viola" los derechos humanos.
A su vez, advirtió la "falta de protección" de
todos aquellos que no queden cubiertos por la ley y expresó su "extrema
preocupación" por la situación que creará quedarse fuera de la ley.
"Todos aquellos que no estén incluidos quedarán en una situación 'extremadamente vulnerable'", indicó McMullen.
Sin embargo, las autoridades dominicanas han hecho
hincapié en las facilidades que otorga la ley, entre ellas su
aplicación gratuita, además de que su vigencia ha ido a la par del Plan
de Regularización de Extranjeros, dirigido a regular el estatus de
aquellos indocumentados que nacieron fuera del país.
Las autoridades haitianas, ante esta situación,
han admitido sus dificultades para otorgar documentos de identidad a sus
nacionales residentes en el país y en su momento respaldaron la ley de
naturalización.
El viceministro de Interior y Policía dominicano,
Washington González, dijo que quienes no se hayan acogido a la ley
quedarán en situación de irregularidad.
"Las cifras (de registrados) que emite el
Ministerio de Interior y Policía son preocupantes, porque no hay manera
de constatar si eso es así; ese proceso debió manejarlo la Junta Central
Electoral que es la que está facultada por la constitución para
hacerlo", dijo hoy a Efe el experto constitucionalista José Castillo
Pantaleón, un defensor de una política migratoria firme.
El letrado y escritor afirmó que la ley especial
de naturalización ha sido mal aplicada por las autoridades, y recordó
que el Tribunal Constitucional está apoderado de un recurso de
inconstitucionalidad contra esa iniciativa.
"Haití y las ong's internacionales que defienden a
ese país, no les interesa resolver nada con sus ciudadanos porque es
más fácil que República Dominicana cargue con sus problemas como lo ha
venido haciendo durante décadas", afirmó el catedrático universitario y
advirtió que "miles de haitianos" cruzan cada día la frontera hacia
territorio dominicano.
Amnistía Internacional (AI) advirtió ayer, por su
lado, que "miles de personas correrán peligro de ser expulsadas del
país", al concluir el plazo mañana de la ley de naturalización.
La directora del Programa para América de la
entidad, Erika Guervara Rosas, dijo que aunque estas personas puedan
permanecer en la República Dominicana una vez vencido el plazo, su
futuro será "terriblemente incierto".
La ley especial de naturalización y el plan de
regularización de extranjeros surgieron tras una sentencia del Tribunal
Constitucional dominicano, emitida en septiembre de 2013, que establece
los parámetros para adquirir la nacionalidad y que causó gran revuelo
local e internacionalmente con países y sectores a favor y otros en
contra.EFE
Autor:texto Ramón Santos Lantigua
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