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julio 17, 2018
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El Gobierno dominicano informó que
los pagos totales a las empresas de Joao Santana y Monica Moura ascendieron a
RD$430,506,711.17, negando de esta manera la acusación que hiciera el Partido
Revolucionario Moderno (PRM) de contratos por valor de RD$1,400 millones.
La carta del Gobierno llega en
respuesta a la diputada Faride Raful, quien denunció que le habían pagado hasta
RD$1,400 millones a los brasileños, que resultaron condenados en Brasil por
casos de corrupción y lavado de activos.
A CONTINUACIÓN LA CARTA COMPLETA
Honorable
Rubén
Maldonado Díaz
Presidente
de la Cámara de Diputados
de
la República Dominicana
Su
Despacho
Honorable
señor Presidente:
Cortésmente,
nos dirigimos a usted, y a través suyo a los demás honorables miembros de la
Cámara de Diputados, para suministrarle las informaciones relativas a los
servicios publicitarios contratados y pagados a las empresas CINE &
ARTS2013, S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. por parte del Ministerio
Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación durante
el período 2012-2016. Hacemos esta comunicación en respuesta a la denuncia
hecha en esa cámara legislativa el jueves 12 del mes en curso por los diputados
Faride Raful, Francisco Paulino, Agustín Burgos y Robinson Díaz, quienes
también sometieron un proyecto de resolución con miras a poner en marcha un
proceso de investigación sobre los referidos contratos.
Mediante
comunicación separada le estamos remitiendo a los indicados diputados la
información solicitada en virtud de la Ley General de Libre Acceso a la
Información Pública, pero a la vez hemos querido compartir con usted y demás
miembros de esa cámara legislativa no solo esas informaciones, sino también
algunas consideraciones que estimamos relevantes para mostrar las
tergiversaciones mal intencionadas en que han incurridos dichos diputados en su
proyecto de resolución y en las intervenciones de algunos de ellos en los
medios de comunicación.
Lo
primero a señalar es que las informaciones a que se refieren dichos diputados
están desde hace bastante tiempo en su poder, pues estas les fueron
suministradas a través de: a) la comunicación del 7 de abril de 2017 del
Ministerio Administrativo de la Presidencia en respuesta al honorable diputado
Francisco Javier Paulino; y b) la comunicación del 2 de febrero de 2018 de la
Contraloría General de la República en respuesta a la honorable Diputada Faride
Raful Soriano. De esto se desprende que la solicitud de información formulada
recientemente por uno o más de estos diputados al Ministerio Administrativo de
la Presidencia y la denuncia hecha en esa cámara legislativa en relación a este
mismo asunto lo que procura no es más que una simple ventaja política
coyuntural y no un verdadero servicio de transparencia al pueblo dominicano. En
cualquier caso, continuaremos suministrando toda la información requerida sobre
este asunto, como en efecto hemos hecho a través de la comunicación del
Ministerio Administrativo de la Presidencia del 13 de julio del año en curso en
respuesta a la honorable diputada Faride Raful Soriano.
En
lo que respecta al fondo de esta cuestión, lo primero a plantear es que en la
contratación de las referidas empresas por parte del Ministerio Administrativo
de la Presidencia y de la Dirección General de Comunicación se actuó con
estricto apego a las disposiciones legales aplicables y a las normas de
transparencia que rigen el proceso de contratación y pago en la Administración
Pública. Hay que decir, además, que los pagos realizados a esas empresas se
corresponden plenamente con los servicios prestados de acuerdo a los parámetros
del mercado para servicios de ese tipo y que en el momento de su contratación y
durante el tiempo en que estas prestaron sus servicios no existían impedimentos
legales o de otro tipo ni contra esas empresas ni contra sus titulares.
Pasamos
ahora a examinar algunos puntos cruciales del proyecto de resolución presentado
en esa cámara legislativas por los diputados antes mencionados:
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
1) En la página 16 del proyecto de resolución se solicita “a) Verificar legalidad de los contratos suscritos por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección General de Comunicación (DICOM)…’’. Al respecto, como hemos señalado, la contratación de dichas empresas se hizo con estricto apego a las normas legales y de transparencia aplicables a este tipo de contratación por parte de entes y órganos de la Administración Pública. En efecto, dicha contratación se hizo en virtud del artículo 6 de la Ley núm. 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones. Más aún, se cumplieron todas las formalidades propias para la contratación de dichos servicios, su facturación y pago. Esto es lo que nos permite estar en condiciones de ofrecer todas las informaciones que se nos solicite en relación a los referidos contratos, lo cual hacemos no solo porque es una obligación legal, sino también por nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
2)
En su informe, los indicados diputados han difundido la falsa información de
que el gobierno, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de
la Dirección General de Comunicación, pagó la suma de mil cuatrocientos
millones de pesos (RD$1,400,000,000.00) a las empresas CINE &ARTS2013,
S.R.L., y POLIS CARIBE, S.R.L. Nada más alejado de la verdad. Los pagos totales
que se le hicieron a esas empresas durante los años que prestaron servicios a
estas instituciones, incluyendo ITBIS e impuestos, ascendieron a la suma de
cuatrocientos treinta millones quinientos seis mil setecientos once pesos con
diez y siete centavos (RD$430,506,711.17), la cual se desglosa de la siguiente
manera:
Empresa Contratada Institución Contratante Monto Pagado
Polis Caribe, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 184,097,700.00
Polis Caribe, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 71,555,766.77
Cine&Arts2003, SRL Ministerio Administrativo de la Presidencia RD$ 139,090,395.00
Cine&Arts2003, SRL Dirección General de Comunicación RD$ 35,762,850.00
Es
vidente la mala intención de los referidos diputados, quienes agregaron casi
mil millones de pesos a las sumas pagadas a las referidas empresas, a pesar de
tener en su poder copia de la documentación que evidencia claramente los pagos
realizados.
3)
En cuanto al alegato de que dichos contratos siguen vigentes, desmentimos esa
información, al tiempo que ofrecemos la información correcta: a) el contrato
con POLIS CARIBE, S.R.L. inició el 3 de diciembre de 2012 y fue rescindido el 3
de diciembre de 2015 mediante una carta enviada por el Ministerio
Administrativo de la Presidencia Al respecto, vale aclarar que la razón por la
cual se produjo la terminación de ese contrato fue que a partir del 1 de enero
de 2016 empezaría de lleno la campaña electoral en la que el presidente Danilo
Medina competiría para un segundo mandato, por lo que era inapropiado que
quienes serían sus asesores de campaña tuvieran al mismo tiempo contratos con
instituciones del gobierno. Algo similar puede decirse en relación al contrato
con CINE &ARTS2013, S.R.L. Su contrato inició el 3 de marzo de 2014 y
estuvo vigente hasta el 3 de marzo de 2016.
4)
Los referidos diputados han alegado que las empresas con las que se hicieron
esas contrataciones eran propiedad de personas que fueron acusadas de
corrupción, lavado de activos y otros delitos en su país de origen, Brasil, por
lo que dichas contrataciones también fueron ilegales. Al respecto, es
importante aclarar que los propietarios de esas empresas –los señores … -no
estaban acusados ni condenados por ningún delito ni al momento en que se
produjeron las contrataciones ni durante la vigencia de esos contratos. Los
procesos judiciales en su contra empezaron después de que sus contratos fueran
rescindidos por las razones expuestas. En tal sentido, cualquier pago que se
haya realizado a su favor después de que empezaran los procesos judiciales en
su contra y su eventual condena fue como pago a deudas pendientes por servicios
prestados durante la vigencia de los contratos.
5)
En en lo que respecta a la acusación de que la memoria del Ministerio
Administrativo de la Presidencia correspondiente al año 2014 no se encuentra
disponible, les indicamos que sí está publicada en su portal Web (www.mapre.gob.do), al igual
que las demás memorias correspondientes al período 2013-2017, en las que se
puede comprobar el desempeño presupuestario en el acápite publicidad y otros
servicios técnicos profesionales. Si bien en ese acápite aparece un momento
global, esto se debe a la enorme cantidad de libramientos que se emiten durante
el año, pero el Ministerio está disponible para ofrecer cualquier información
particular que se le solicite..
Honorable
señor presidente: agradecemos de antemano la atención que le preste a esta
comunicación, al tiempo que nos ponemos a su disposición en caso de requerir
información adicional sobre este asunto. Reafirmamos a la vez nuestro
compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley.
Aprovechamos
la ocasión para reiterarles nuestros sentimientos de la más alta estima y
consideración.
Atentamente,
José
Ramón Peralta F.
Ministro
Administrativo de la Presidencia
Roberto
Rodríguez Marchena
Director General de Comunicación
Director General de Comunicación
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