El Ministerio Público asegura que
dentro de instituciones del Estado aún permanecen miembros de la “red de
corrupción” encabezada por el mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, jefe
de seguridad del expresidente Danilo Medina y que estos están “maniobrando”
evidencias para “evitar” que estas lleguen a manos de las autoridades que los
investigan.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) indica en la solicitud de medida de coerción contra los
seis implicados en la denominada operación “Coral” que la red dispuso la
“colocación estratégica” de personas desde el inicio del primer Gobierno del
expresidente Medina.
“…se constituyeron en una organización criminal que realizó
cientos de operaciones ilícitas en el periodo comprendido entre agosto del 2012
a agosto del 2020 y que incluso en la actualizada sigue haciendo operaciones en
instituciones del Estado a través, de la colocación estratégica de personas que
pertenecen a la red que le responden no solo en acciones de distracción y no
menos graves, maniobrando para evitar que evidencias importantes para la
investigaciones que realiza el Ministerio Público lleguen a sus manos”,
establece el documento depositado ante la corte.
Además de Cáceres, por el caso se encuentran detenidos la pastora Rossy Guzmán,
Tenner Flete, hijo de la pastora; Rafael Núñez de Aza, teniente coronel; y Raúl
Alejandro Girón.
El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva como
medida de coerción para todos los implicados y espera que el caso sea declarado
como complejo.
El conocimiento de esa solicitud será conocida este miércoles a
las 11:00 am en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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