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La reciente jornada de lectura de la sentencia del caso Coral ha puesto el foco en uno de los puntos más debatidos del proceso: la relación financiera entre la Asociación Campesina Madre Tierra y el Ministerio Jesús Vino, Vivo y Vuelve. El Ministerio Público ha mantenido la tesis de que los cheques emitidos mensualmente, con montos que oscilaban entre los RD$ 200,000 y RD$ 300,000, funcionaban como un mecanismo de retorno de fondos ilícitos hacia el imputado Adán Cáceres Silvestre, utilizando como fachada a la esposa de Santiago Antonio Suárez.
Al respecto, la mayoría de los jueces del tribunal consideró que, tras un examen exhaustivo de las pruebas documentales aportadas —que incluyeron los cheques originales, listados de cédulas y recibos firmados por diversos pastores—, no se pudo establecer con la certeza necesaria que se tratara de una operación de lavado de activos. Según este criterio mayoritario, los fondos estaban destinados a un proyecto de apoyo a PYMES y a la asistencia de distintas congregaciones religiosas, y no existen pruebas contundentes de que el dinero regresara al patrimonio del exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial.
Sin embargo, esta postura no fue unánime. El voto disidente dentro del tribunal marcó una diferencia sustancial al cuestionar la legitimidad de las operaciones. Según esta perspectiva, el lavado de activos no debe limitarse únicamente a la ruta circular del dinero, sino que también abarca la integración de capitales ilícitos en el comercio legítimo, la inversión en bienes y servicios personales, y el uso de fachadas religiosas para dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero que, en ocasiones, eran extraídas íntegramente en efectivo por ventanilla.
El voto disidente enfatizó que la falta de información financiera transparente de la entidad, sumada a movimientos bancarios que incluían depósitos millonarios en efectivo y la administración irregular de inmuebles bajo la figura de una institución sin fines de lucro, sugería un esquema de ocultamiento. Para esta parte del tribunal, la estructura de la iglesia servía de canal para dispersar fondos que, en última instancia, beneficiaban a los integrantes del entramado, desvirtuando la naturaleza altruista que se intentaba proyectar.
La audiencia concluyó con la transición hacia el análisis de "Único Real State e Inversiones", entidad calificada por la parte acusadora como la piedra angular en la tenencia de los bienes incautados. Este nuevo bloque de la lectura promete arrojar más luces sobre cómo la estructura criminal logró consolidar su patrimonio y la compleja red de empresas utilizadas para la distracción de los fondos públicos.
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