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Las actuaciones de la Policía Nacional se mantienen en el centro del debate público, luego de que las estadísticas institucionales registraran más de 140 personas fallecidas a manos de patrullas policiales en lo que va de año bajo la tipificación de "acciones legales" o "enfrentamientos a tiros".
La controversia escaló a nivel judicial después de que la Fiscalía de Santiago abriera investigaciones de oficio tras la muerte de ocho presuntos delincuentes a manos de agentes en esa demarcación, sumado a la difusión de videos en redes sociales que sugieren posibles ejecuciones extrajudiciales en regiones como La Vega.
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, indicó que las pesquisas sobre estos casos no tienen plazo definitivo y están completamente a cargo del Ministerio Público para garantizar la transparencia de los procesos.
Organizaciones de derechos humanos y juristas insisten en la necesidad de acelerar la reforma policial y revisar los protocolos de uso de la fuerza, mientras la Dirección General de la institución defiende las intervenciones argumentando que los agentes responden en defensa propia ante estructuras criminales armadas.
Se recuerda que durante los primeros cinco meses del año la cifra de abatidos rondaba las 90 personas, pero el incremento de los operativos del DICRIM contra bandas organizadas en el Gran Santo Domingo y el Cibao aceleró notablemente la tasa de letalidad en los últimos meses.
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