
Todo vuelve al inicio contra los implicados en el caso Super Tucano al ordenar la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional volver a juicio con los mismos elementos de pruebas presentados antes.
Esto que establece el Código Procesal Penal Dominicano en su artículo 434 numeral 2, ordena la celebración de un nuevo juicio, cuando es necesaria una nueva valoración de la prueba.
Señalan los entendidos que una de las peculiaridades cuando se reenvía a otro juicio de fondo es que no se podrán someter nuevos elementos de pruebas, ni excluir los que ya están, donde la asignación de una sala diferente a la que lo conoció el primero juicio se deberá realizar un sorteo y luego de que se indique el tribunal que lo conocerá, el caso se encontrará en la etapa de juicio de fondo.
En el caso están vinculados el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD); el empresario Daniel Aquino Hernández, así como las firmas 4D Business Group y Magycor, a las que se le acusa de cometer delitos de soborno en la importación de aviones militares Super Tucano.
En su momento, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional Arlín B. Ventura Jiménez, jueza presidenta, Milagros Mercedes Ramírez Cabrera, jueza sustituta de presidente y Leticia Martínez Noboa, jueza miembro, tras emitir el fallo de la sentencia absolutoria, hallaron no culpable a los encartados en este proceso.
En dicha sentencia explicaron que cuando se dicta esta decisión entre los motivos se encuentra que la prueba aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal del imputado e invocaron el artículo 337 del Código Procesal Penal Dominicano.
Asimismo, el tribunal especificó que el juicio fue celebrado con todas las garantías previstas en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República, con el fin de asegurar un juicio imparcial con las garantías de los derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso de ley
Odebrech
La constructora brasileña Odebrecht desembolsó 92 millones de dólares, entre 2001 y 2014, en la República Dominicana a "funcionarios e intermediarios del Gobierno" y, como resultado, obtuvo unos beneficios de 163 millones de dólares, según denunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De acuerdo a lo divulgado por el Departamento de Justicia estadounidense, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil.
Los pagos se hicieron en relación con 'más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela', según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
Los pagos se hicieron en relación con 'más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela', según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.
La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se comprometió a pagar multas sumadas por 6.959,4 millones de reales (unos 2.047 millones de dólares) a los Gobiernos de EE.UU., Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países.
12 de junio 2023
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