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septiembre 21, 2015
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El exfiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, hizo una series de recomendaciones para la Reforma Policial, entre ella que la Dirección Central de Investigación Criminales(DICRIM) de la Policía Nacional dependa jerárquica y administrativamente de la Procuraduría General de la República.
El actual juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) entiende que se debe modificar el párrafo II del artículo 39 del proyecto de ley para que la Dirección Central de Investigación pase al Ministerio Público.
En una misiva enviada al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, el magistrado plantea que ese proyecto de ley establezca que los miembros de esa dependencia puedan ser seleccionados e integrados por civiles profesionales y capacitados.
Manifestó que hay una gran resistencia de la policía y de los múltiples organismos de seguridad que investigan los actos y hechos delictivos, de “ceder” la real dirección de la investigación al Ministerio Público.
Explicó que el Ministerio Público es quien está llamado técnicamente a representar el Estado frente al juez que ausculta con severidad la acusación de los imputados en los hechos delictivos.
"Conocedor de esta realidad, por haberla vivido y soportado con gran pesar durante cuatro años, sugiero que, para alcanzar la real dirección por el ministerio público de la investigación de los hechos delictuosos y la conflictividad en sentido general, la atribución conferida al Consejo Superior Policial, de “recomendar al Presidente de la República ternas para la designación de los directores centrales de prevención e investigación de la Policía, sea conferida exclusivamente al Procurador", enfatizó.
Sostiene además que se hace imprescindible que a la Procuraduría se le dote de un presupuesto extraordinario, que le permita independizar de la Policía la remuneración a los agentes y personal de las Direcciones Centrales de Prevención e Investigación, así como todo lo concerniente a su operatividad.
Destacó que la diversificación de las labores de investigación y la jerarquización de los agentes policiales y miembros de las Fuerzas Armadas, son un obstáculo al cumplimiento obligatorio que deben frente a la dirección de la investigación a cargo del ministerio público.
Recordó que a partir de la puesta en vigor del Código Procesal Penal en el 2004, a los actores del proceso penal les fueron asignadas distintas funciones a las que desempeñaron desde la fundación de la República, siendo el ministerio público el que más relevancia se le otorgó.
Indicó que la misma incluye desde la coordinación e implementación de la política del Estado Dominicano en contra de la criminalidad hasta la dirección de la investigación penal y ejercicio de la acción pública en representación de la sociedad, entre otras.
Ramón Cruz Benzán
Santo Domingo
Fuente/Listin Dairio
21/9/15
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