
Ilustracio: Armas ilegales incauta por las autoriades
SANTO DOMINGO.- Es normal en las conversaciones de ciudadanos comunes sobre comercio de armas de fuego, hablar de las facilidades su la obtención y por donde oscilan sus costos, dependiendo de la marca y potencia.
Medios internacionales señalan del gran tráfico existente en el vecino país de Haití. Naciones Unidas estimaba en el 2020 que hay más de 270,000 armas de fuego ilícitas en circulación en Haití, mientras que la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reinserción (CNDDR) de Haití calculaba que esa cifra apodia llegar a las 500,000.
Aquí en Republica dominicana las autoridades, esporádicamente, hablan de recuperación de armas de distintos tipos y calibres, incluyendo pistolas, revólveres, escopetas y fusiles a través de algunos operativos puesto en marcha, donde el listado es amplio de armas blancas.
Recordamos que mediante el Decreto No. 309-06 que prohíbe la importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones para el comercio con particulares, el presidente Leonel Fernández, buscó frenar la circulación de las mismas, sin embargo camino a las dos décadas sus efectos elevaron los costos de las mismas, legales e ilegales.
Mientras la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad, INC (ADESINC), asegura que las armas de fuego con las que cuentan las empresas de seguridad formal son «viejas, reparadas y obsoletas»,
“Son armas que representan un peligro, no solo para el que la porte, sino para la ciudadanía en general”, reitera, frecuentemente, su presidente señora Katia.
Esto en contrasta con la gran cantidad de armas ilegales que corren por las calles del país, y la gran demanda de seguridad de la Población.
En una repetición de las declaraciones hecha por las distintas cabezas de su asociación desde el 2006, cita el decreto obliga a estas empresas encargadas de la seguridad privada a reparar las armas que utilizan y recomprarlas entre las 70 compañías asociadas a ADESINC.
Además, indicó que la compra del armamento se encuentra en un «limbo jurídico», porque mientras este decreto prohíbe la entrada de armas desde el extranjero, la ley 631-16 no contempla tal prohibición, pero no cuenta con un reglamento para su aplicación.
Al Ministerio de Interior y Policía, (MIP), el secretario de Seguridad Ciudadana del Parito Fuerza del Pueblo, Orlando Espinosa, le señala no han solucionado los problemas de las armas de fuego, estando pendiente aplicar la Ley 636-16, no están marcando los proyectiles ni las armas, además de que duerme el sueño eterno el aparato para marcaje y remarcaje de armas de fuego que están registradas en la institución, la cual donó la Organización de Estados Americanos (OEA) al MIP, no se habla de ella.
El aparato lo entregó la OEA con el objetivo de contrarrestar la proliferación y el tráfico ilícito de armas de fuego pequeñas y ligeras, así como sus municiones, pero sectores denuncia su proliferación y hasta piden el desarme de la población.
En su momento, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, afirmó que es un instrumento muy importante para la identificación, numeración y destrucción de armas de fuego que ejecutarían utilizando la tecnología basada en sistemas con Windows Software Suite y Marking Pin, para el marcaje y remarcaje de los artefactos registrados en el MIP.
11 de junio 2022
Publicidad de espacio