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mayo 07, 2018
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Santo Domingo-Luego
del comunicado de la Procuraduría General de Republica donde señala que puede
ser llamado cualquier ciudadano con relación al caso Odebrecht, pues rastreo el
comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, un gran revuelo
se ha originado entre comunicadores e incluso en los litorales del expresidente
Leonel Fernández.
En
la mañana de hoy los comunicadores Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo, así
como sus familiares son investigados por sus presuntos vínculos con los
sobornos de Odebrecht, con autorización del juez de la Instrucción Especial de
la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, confirmó hoy la
Procuraduría General de la República.
Así
lo informó la directora de prensa y comunicaciones de la institución, Julieta
Tejada, quien dijo que los mismos son investigados por los sobornos de
Odebrecht, a través del empresario Ángel Rondón para ser favorecidos con obras
del Estado.
Expresó
que el juez Ortega Polanco está realizando varias diligencias investigativas
tendentes a verificar si los comunicadores y sus parientes están implicados en
el caso.
Rueda
de prensas periodistas
Mientras
que la mañana de hoy en rueda de prensa Dany Alcántara y Julio Martínez Pozo,
afirmaron que el procurador general de la República, Jean Rodríguez pidió
autorización para realizar una investigación “alegando vinculación con el
imputado Ángel Rondón y so pretexto de que pudiera ser o pudiera haber sido
utilizado por el imputado Ángel Rondón Rijo para la entrega de dinero, producto
del soborno a funcionarios públicos y congresistas
Vocero
de Leonel Fernández
Por
su lado Rafael Núñez exonero de la Presidencia durante el gobierno de Leonel Fernández,
reitero su denuncia de que personas del entorno del presidente Danilo Medina
urden planes para poner a correr una campaña sucia contra Fernández a los fines
de menguar su posición y la sus legisladores respecto a la ley de Partidos.
Núñez
detalla que un importante funcionario, que tiene oficina en el Centro de los Héroes,
habría presionado a dos comunicadores mediante una auditoria autorizada por un
juez a sus estados de cuentas personales y su relación con Rondón, como una
forma de chantajear a las dos figuras de los medios para que lleven a cabo la macabra idea en contra del
ex presidente Fernández.
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