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mayo 15, 2015
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SANTO DOMINGO, República Dominicana- El Senado de la República también investiga la razón por la cual se encuentra paralizado el proyecto del Sistema de Radares Aéreos de las Fuerzas Armadas y el riego que corre la tecnología sensitiva almacenada por más de tres años en la base militar de San Isidro, lo que implicaría una pérdida de 57 millones de dólares para el Estado dominicano.
La situación ha estado bajo investigación de una comisión de altos oficiales militares.
Al menos 21 cajas conteniendo tecnologías sensitivas de última generación, incluyendo sensores y pantallas. Se trata de tecnología importada desde Israel que permanece en los depósitos de la Intendencia de Abastecimiento de la FARD desde julio de 2012.
La Comisión de Seguridad y Defensa Nacional del Congreso de la República se trasladó a la Base Aérea de San Isidro con el propósito de comprobar físicamente las condiciones y estatus de los quipos y edificaciones del proyecto militar a cargo del Ministerio de Defensa.
La comisión estuvo integrada por los congresistas Carlos Manuel Castillo, Adriano Sánchez Roa, Manuel Antonio Paula, Rosa Sonia Mateo, Arístides Victoria Yeb y Eddy Mateo Vásquez, quienes realizaron la inspección del proyecto el 13 de noviembre de 2014.
Los legisladores rindieron su informe al pleno del Congreso Nacional el 3 de diciembre de 2014, favoreciendo la terminación del proyecto, argumentando que es necesario para la Fuerzas Armadas en la defensa del espacio aéreo nacional y la lucha en contra del narcotráfico.
La visita de los senadores a la base militar la recoge el informe de la comisión de generales que designó el Ministerio de Defensa para estudiar, al igual que los congresistas, el estatus actual del proyecto.
La licitación internacional de la compra e instalación de la plataforma de radares tridimensionales fue ganada por la empresa Alla del grupo A del Estado Israel (Israelí Aeronautics Industries) representada en el país por Consorcio Heaven Peralta Elta (COHPE).
Estos radares permiten localizar aeronaves sospechosas en el espacio aéreo nacional y facilitar que los aviones Súper Tucano pudieran seguirlas e interceptarlas obligándolas a identificarse para investigar si se trata de vuelos controlados por el narcotráfico u otro crimen organizado.
Además de estas dos comisiones oficiales, la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) envió a sus técnicos a la Base Aérea de San Isidro, el 11 de julio de 2014, para inspeccionar las condiciones físicas y estructura del edificio C-3 FARD y el nivel de ejecución del proyecto.
Los técnicos también supervisaron la tecnológica almacenada como censores, pantallas, cableadas y otros dispositivos sensitivos del sistema en proceso de los radares.
El 15 de septiembre de 2014, la Cámara de Cuentas emitió un informe preliminar concerniente al Ministerio de Defensa, en el cual se refiere a las condiciones del proyecto y la situación de los equipos almacenados en la Intendencia de Abastecimiento de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD). Pero los resultados no fueron revelados.
De dañarse los equipos y mantener paralizado los trabajos más allá de lo establecido en el contrato firmado entre la empresa y el Ministerio de Defensa, el Estados Dominicano perdería US$ 57 millones.
Fuente/Acento.com.do
15 de mayo de 2015
15 de mayo de 2015
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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Una comisión de generales de las Fuerzas Armadas advierte sobre el riesgo de daños o deterioro en los equipos de radares militares que se encuentran almacenados en la Base Aérea de San Isidro desde diciembre de 2012 y que corresponden la proyecto de los aviones Súper Tucano comprados a la empresa brasileña Embraer.
Si los equipos almacenados en la Base Aérea de san Isidro desde hace tres años sufren daños considerables el Estado podría resultar afectado con la pérdida de 57 millones de dólares, costo total del proyecto.
La compra de los aviones Súper Tucano a la Embraer es objeto de investigaciones por sospecha de corrupción. Las indagaciones se llevan a cabo en Estados Unidos y en Brasil, y en República Dominicana se prometió una investigación independiente de la cual se desconocen los resultados.
La comisión fue designada por el Ministerio de Defensa para estudiar las condiciones actuales del proyecto, y está encabezada por un viceministro y un comandante general, a quienes les preocupan las condiciones en que se encuentran los dispositivos tecnológicos, por el almacenamiento prolongado al que han sido expuestos.
En diciembre de 2012 y febrero de 20132, las Fuerzas Armadas Recibieron 21 valijas con los equipos del C-3, el radar de mediano alcance modo 2106 ATAR y todos los equipos tecnológicos y pantallas necesarias para operar el C-3 FARD, que ahora pudieran estar en riesgo por un manejo inadecuado de las autoridades militares.
Los generales rindieron un informe, en enero de 2015, que detalla el estatus actual, legal y técnico del proyecto Sistema de Radares Aéreos de Las Fuerzas Armadas, en el cual recomiendan continuar los trabajos de instalación de los aparatos, considerados una prioridad para los cuerpos armados.
Además, recomiendan que debido a la capacidad técnica y operativa que el proyecto aportaría al Sistema de Radares de Defensa Aérea para reguardar la soberanía del espacio aéreo, los radares deben de ser instalados y puestos en operación en el menor tiempo posible.
La decisión del Ministerio de Defensa de investigar las condiciones de los equipos y los alcances del proyecto, se hizo luego de que Acento.com.do publicara varias historias sobre la paralización de los trabajos del proyecto y del riesgo que corren los radares almacenados de manera inadecuada.
La compra de los radares se dispuso en el gobierno de Leonel Fernández para dar apoyo a las operaciones de los aviones Súper Tucano. Estos aviones fueron adquiridos a la compañía brasileña Embraer, en el entendido de que fortalecerían la vigilancia en la lucha contra el narcotráfico internacional. Pero hace tres años que no se entregan los fondos para continuar con la construcción de las plataformas para instalar los radares.
La comisión está integrada por los generales Ramón Hernández, viceministro de Defensa, Elvis Féliz Pérez, comandante de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Aracenis Castillo De la Cruz, Defensa Aérea FARD; Ramón Díaz Morfa, abogado del ERD y Alberto Lagrange, piloto de la FARD, fue categórica al señalar que el proyecto está paralizado por falta de dinero.
“Nos permitimos informar que la poca continuidad operativa y financiera, que ha dado como resultado en primer lugar el retraso y actual estancamiento del proyecto, ha sido por falta de la firma de un acuerdo financiero que garantice la sostenibilidad económica del proyecto”, asegura el informe de los funcionario militares.
Hasta ahora el gobierno de Danilo Medina no ha mostrado interés en continuar la instalación de la plataforma de radares, debido a que no ha realizado ningún desembolso para reiniciar los trabajos y cumplir con el contrato.
El documento refiere que el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Proyectos, Programas y Estadísticas y la Contraloría General de la Fuerzas Armadas, ha gestionado ante las instancias del Estados, los recursos para concluir proyecto, pero no ha obtenido resultado.
Los generales dieron, además, una opinión favorable en cuanto a la condiciones legales del proyecto, al confirmar que el contrato firmado entre el Ministerio de Defensa y la FARD con el consorcio Heaven Peralta Alta (COHPE) cumple con las normativas legales en materia de Compras y Contrataciones del Estado.
La empresa Heaven Peralta Alta (COHPE) tiene a su cargo la adquisición e instalación de una plataforma de radares que incluye la tecnología 3D militar, (lote 1) por un monto general de US$ 34 millones 592 mil, de los cuales ha recibido como avance el 20 por ciento. La empresa recibió otra partida en agosto de 2012, pero el informe de los oficiales no especifica el monto pagado.
La comisión que integran además los coroneles Miguel Jiménez Ventura, Yonis Rodríguez Luciano y Manuel de Jesús Gómez Portorreal, resalta que los ejecutivos de la empresa contratista les han manifestado su disposición de un acuerdo amigable que facilite la continuación del proyecto.
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