Lic Mayra Guzman
Mayra Guzmán sugiere un
Observatorio de DDHH integrado
por Defensoría del Pueblo,
ONGs y comisión del Congreso
SANTO DOMINGO.-La instalación
de oficinas de derechos humanos en cárceles del país es innecesaria, “un
desatino” que está “fuera de lugar” y sería una carga burocrática más para el
Estado, afirmó hoy la aspirante a Defensora del Pueblo, licenciada Mayra
Guzmán, quien sugirió que se usen las instituciones existentes para hacer
cumplir con la ley que protege a las personas privadas de su libertad.
En tal sentido, Guzmán
favoreció que la defensa de los derechos humanos en las cárceles sea manejada por un observatorio distinto,
independiente, como serían la Defensoría del Pueblo y una comisión del Congreso
de la República, no por una oficina de la Procuraduría que terminaría siendo
juez y parte frente a cualquier violación.
Sostuvo que la referida
medida de la Procuraduría “mueve a reflexión”, ya que según dijo, por un lado
se estaría admitiendo la comisión de violaciones a los derechos humanos a la
población privada de libertad.
Advierte que, por el otro
lado, se estaría presentando una solución con más burocracia y “observadores”
que son “el problema”, no la salida propiamente vista desde la óptica
institucional.
“Ahora bien, si se desea trabajar en
transparencia y cumplimento de la Constitución y las leyes, permitan entonces
un observatorio permanente adicional encargado por la ley, integrado por una
institución distinta que esté fuera de sus respectivas estructuras
organizacionales, como perfectamente lo sería la presencia de la Defensoría del
Pueblo”, subrayó la licenciada Guzmán.
La ex procuradora fiscal
Indicó que en ese observatorio estarían también la Comisión permanente de
Derechos Humanos del Congreso, así como organizaciones no gubernamentales (ONG)
de Derechos Humanos de reconocida solvencia moral, que deseen dar seguimiento
al trabajo de cumplimiento de las
garantías a los derechos humanos en todos los recintos penitenciaros del
país.
Para esta aspirante la
defensoría del pueblo, “nuestro sistema penitenciario no necesita más funcionarios
ni entidades, ya tenemos a la Dirección de Prisiones y el Juez de Ejecución de
la Pena, que no deberán hacerse de la vista gorda, pues son funcionarios de
garantías, de cumplimiento a los
derechos humanos y garantías fundamentales de los (as) internos (as)”.
“De ahí que dicha medida, de
establecer oficinas de Derechos Humanos no es más que un desatino, y una mala
administración de los recursos”, enfatizó la aspirante a Defensora del Pueblo.
Llamó a obligar a los
funcionarios del sistema a cumplir con la voluntad de la ley, en vez de crearse
más entes burocráticos en el Estado dominicano.
Aplicar Reglas Nelson Mandela
de ONU
Abogó para que en el régimen
penitenciario se trabaje amparado en la Constitución, las leyes y las reglas
mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos y reclusos
renombradas como “Reglas Nelson Mandela”.
“Debemos aplicar las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones Unidas, promovidas por
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos –ACNUDH-
(adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del
Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y aprobadas por el Consejo
Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y
2076 (LXII), de 13 de mayo de 1977)”, detalló.
Guzmán manifestó que esas
normas se han renombrado como Reglas
Nelson Mandela (aprobado por la Asamblea General el 17 de diciembre de 2015) y
constituyen “los estándares mínimos universalmente reconocidos para la gestión
de los centros penitenciarios y el tratamiento de las personas privadas de
libertad”.
Consideró que son las
instituciones ya existentes que podrán asumir su rol “sin temor, denunciar
cualquier tipo anomalía, ya sea de discriminación, o diferencias de tratamiento
fundadas en prejuicios de raza, religión, nacionalidad, clase social y opinión
política del interno, cualquier tipo de violencia psicológica o física”.
“De ser escogida como
Defensora del Pueblo, Mayra Guzmán trabajará, con la ayuda de Dios, para que a
los privados de libertad se le haga justicia respecto de sus derechos
inherentes a su dignidad humana y de aquellos derechos que no les queden
limitados por el cumplimiento legal de la condena”, proclamó.
Guzmán advierte que “no se
debe hacer respetar derechos, violando derechos”. “Los victimarios no deberán
ser víctimas del control social formal, del control punitivo del Estado, sino
que la meta deberá ser ver en la pena privativa de libertad su utilidad, para
una reinserción social exitosa, que además disminuya la reincidencia en los
crímenes y delitos”, agregó.
“Instalar dichas oficinas, lo apreciamos de
improvisado, entendemos surgen como respuesta a la presión que les provocó la
visita que les extendiera una representación de la comisión permanente de
Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a la Cárcel en la Victoria”, apuntó
Guzmán.
Consideró como plausible la
visita de los congresistas a La Victoria pese a que no fueron bien recibidos
por las autoridades, ya que según estimó, “el Congresista nunca deberá
desligarse de las leyes que ha aprobado, pues deberá aplicar siempre el
principio de efectividad, el cual le compromete a ser vigilante, a dar
seguimiento de cerca al cumplimiento de los objetivos que dieron lugar a la
misma, y si fuere necesario hacer las adecuaciones pertinentes oportunamente”.
“Nuestro sistema penitenciario no necesita más
funcionarios ni entidades, ya tenemos a la Dirección de Prisiones y el Juez de
Ejecución de la Pena, que no deberán hacerse de la vista gorda, pues son
funcionarios de garantías, de cumplimiento
a los derechos humanos y garantías fundamentales de los (as) internos (as)”,
expresó Guzmán.
“Esta noticia (la de crear oficinas de
derechos humanos en las cárceles) nos resulta fuera de lugar, pues del seno de
la misma, como lo es la Dirección General de Prisiones, serían designados los
observadores y/o defensores de los derechos de los privados de libertad en sus
respectivos recintos”, indicó.
Dijo que se designaría un
personal dependiente de dicha Dirección, lo que sería dejar la investigación en
las manos de los violadores. En ese tenor, explicó que actualmente los
objetivos de defensa de los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad están a cargo de la Dirección General de Prisiones y del Juez de
Ejecución de la Pena.
Guzmán manifestó que la
Dirección General de Prisiones fue creada por la Ley 224-84, sobre Régimen
Penitenciario, de fecha 26 de junio de 1984 y el Juez de Ejecución de la Pena,
figura jurisdiccional introducida a partir de la Ley 76-02, fecha 6 de junio de
2002, que establece en el nuevo Código Procesal Penal.
Señaló que ahora el sistema
opera con una parte administrativa y otra jurisdiccional “desde dos poderes
distintos del Estado, para una mayor y eficaz garantía si de cumplen con apego
a los mandatos legales”.
Precisó que la Ley 224-98 pone a cargo de la Dirección
General de Prisiones importantes responsabilidades, lo cual comprende “la
protección social y la readaptación del condenado, a fin de restituir a la
sociedad con voluntad y capacidad para respetar la ley”, subordinada a la
Procuraduría General de la República, “pero que con la introducción del Juez de
Ejecución de la Penal, dependiente del Poder Judicial, se le limitaron sus
atribuciones, que diríamos se comparten, para mayor y eficaz garantía” del
recluso
Señaló que dicho juez puede
disponer –sin que tengan que existir oficinas de derechos humanos- las
inspecciones y visitas de establecimientos penitenciarios que sean necesarias.
También, “hacer comparecer ante sí a los internos condenados o a los encargados
de los establecimientos, con fines de vigilancia y control, también valorar la
alimentación, vestimenta, condiciones de salud, y una decena más de encargos
necesarios”.
Guzmán sostiene que deberá
llegar el momento en que el país se aboque “a hacer un trabajo de investigación
con la población post penitenciaria a fin de evaluar si los fines utilitaristas
de la prisión cumplieron los objetivos de la reinserción social de manera
integral”.
Entiende que hay que trabajar
con la sociedad en general para que “esté preparada para dar una segunda
oportunidad al que ha dado testimonio de cambio de conducta y arrepentimiento”
durante su permanencia en la cárcel.
“Finalmente es importante
indicar que la Biblia nos manda en Hebreos 13:3, a que nos acordemos de los
presos, y de los maltratados, como si estuviésemos en la misma condición. Jesús
le abrió las puertas del cielo a un delincuente arrepentido, y nosotros
aquí solemos negarles las oportunidades
de crecimiento con nuestro rechazo y desconfianza”, significó la aspirante a
Defensora del Pueblo.
24 de febrero de 2021.
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