
presidente Martín Vizcarra
Fuente/Listin Diario
EFE
Lima-
La maniobra
de la oposición peruana para destituir al presidente Martín Vizcarra dejó ayer
sábado en mitad del fuego cruzado a las Fuerzas Armadas al conocerse que el
líder del Congreso, el opositor Manuel Merino, que asumiría la Presidencia si
prospera el juicio político, contactó a altos mandos militares.
Los intentos
de Merino por involucrar a los militares en este proceso político alimentaron
la tesis de "complot contra la democracia" lanzadas el viernes por
Vizcarra junto a su primer ministro, Walter Martos, que calificó la situación
"prácticamente un golpe de Estado".
Antes de que
se presentara la moción para destituir a Vizcarra, Merino llamó al comandante
general de la Armada y también trató de comunicarse con el jefe del Comando
Conjunto de las FF.AA para presuntamente obtener su apoyo, según reveló este
sábado el ministro de Defensa, Jorge Chávez.
El ministro,
un general del Ejército en retiro, rechazó "rotundamente" la actitud
del líder del Congreso al considerar que sus comunicaciones "no solo
fueron imprudentes y fuera de lugar, sino que colisionan con el orden
democrático" de forma "temeraria".
RECHAZO DE
PLANO
En
respuesta, Merino rechazó que haya un complot para destituir al presidente y
que intentara conseguir apoyo militar para el mismo. "Es un hecho
totalmente falso. Lo rechazo de plano", dijo. Sin embargo, durante una
conferencia de prensa en la sede del Congreso, se le preguntó en tres ocasiones
cuál era la finalidad de llamar a los militares, a lo que solo respondió que
fue para "dar tranquilidad".
Merino
criticó sin embargo que el Gobierno si hubiera dado una comunicación pública
rodeado de uniformados y pidió que la atención mediática se olvide de este tema
y se centre sobre Vizcarra, al que instó a dar explicaciones sobre el caso que
impulsa a los opositores a destituirlo.
CONTRAATAQUE
DE VIZCARRA
Con esta
revelación, Vizcarra parece ganar el pulso al intento de sus enemigos políticos
de sacarlo del poder pese a que el mandatario no tiene representación oficial
en un Congreso atomizado en nueve fuerzas muy variopintas.
Antes de
conocerse las llamadas de Merino a los militares ya se intuía difícil que la
iniciativa reuniera el favor de los dos tercios de la Cámara, equivalente a 87
votos, para destituir al presidente por "incapacidad moral
permanente".
La votación
para abrir el juicio político obtuvo 65 votos a favor, lo que no significa que
todos se mantengan para aprobar definitivamente la salida de Vizcarra, mientras
que en contra votaron 36 congresistas y otros 24 se abstuvieron.
De hecho,
algunos congresistas que votaron a favor ya anunciaron que no apoyarán ahora la
destitución, como el también exgeneral Daniel Urresti
La mayoría
de votos que promueven el juicio político vienen del partido Acción Popular, al
que pertenece Merino; y de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP),
cuyos líderes, los empresarios César Acuña y José Luna, son dueños de
universidades privadas y contrarios a la reforma universitaria que defiende el
Gobierno.
Por eso, el
primer ministro, Walter Martos, recordó este sábado en un mensaje a la nación
el talante democrático del expresidente Fernando Belaunde Terry (1963-1968 y
1980-1985), el gran líder histórico de Acción Popular.
"Le
pedimos disculpas (a Belaunde Terry) porque malos elementos están intentando
manchar su incólume prestigio. Reiteramos el llamado a la reflexión y a la
responsabilidad de las fuerzas democráticas del Congreso para que no se presten
a los intentos de algunos sectores de desestabilizar el país", dijo
Martos.
DEMANDA
CONSTITUCIONAL
Sin embargo,
el Gobierno no se va a quedar quieto hasta el viernes cuando está programado el
juicio político a Vizcarra en una sesión extraordinaria del Congreso.
Tras
reunirse el Consejo de Ministros, el Ejecutivo presentará una demanda
competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) para que dirima si el
Congreso tiene argumentos para inhabilitar a Vizcarra bajo la fórmula de
"incapacidad moral permanente", contemplada originalmente en la
Constitución para casos extremos donde el jefe de Estado sufre alguna
alteración mental probada.
La demanda
irá acompañada de una solicitud de medida cautelar que suspenda la celebración
del juicio político hasta que el TC emita su opinión.
"Se
pretende imputar de manera equivocada e inconstitucional al presidente. No es
compatible con el sistema de Gobierno de nuestro país. Está afectando
competencias del Ejecutivo y está minando el orden constitucional",
precisó la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra.
El argumento
utilizado por los opositores a Vizcarra para aplicarle la "incapacidad
moral permanente" es por supuestamente ocultar visitas al Palacio de
Gobierno del cantante Richard Swing, que dice ser amigo personal del presidente
y cuyos contratos con el Ministerio de Cultura son investigados por el Congreso
y la fiscalía.
A esto se
agarraron los partidarios de la destitucióntras revelarse unas grabaciones
secretas del presidente difundidas en el Congreso por el parlamentario y
excontralor Edgar Alarcón, enemigo declarado de Vizcarra desde hace años.
ALLANAMIENTOS
DE FISCALÍA
Esas
grabaciones fueron hechas presuntamente por la asistente del presidente Karem
Roca, cuya vivienda fue allanada por la Fiscalía en la madrugada de este sábado
en el marco de las investigaciones.
También hubo
allanamientos en el domicilio de la secretaria de Presidencia Miriam Morales,
que aparece igualmente en las conversaciones, y al propio Richard
"Swing", que el viernes denunció que todo es una conspiración urdida
por Merino y Alarcón para sacar a Vizcarra del poder.
Toda esta
crisis política sucede en plena pandemia de la COVID-19, que tiene a Perú como
el primer país del mundo en mortalidad relativa al promediar 92 muertos por
cada 100.000 habitantes y acumular más de 30.000 fallecidos. También es el
quinto país del mundo en casos confirmados al registrar 700.000 contagios.
"Les
pido disculpas por estar celebrando un Consejo de Ministros para ver temas que
no deberían estar sucediendo, porque deberíamos estar trabajando en las
regiones, ya que hay mucha gente que se está muriendo", dijo Martos a la
nación para lamentar los esfuerzos y tiempo que quita al Gobierno esta crisis
política.
A ello se
une la crisis económica derivada de la pandemia donde las últimas previsiones
apuntan a que Perú vivirá una recesión del 12 % de su producto interior bruto
(PIB) en este 2020. EFE
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